El ex presidente brasileño Michel Temer (2016-2018) fue puesto en libertad este lunes tras pasar cuatro noches en prisión preventiva bajo la sospecha de ser el "líder" de una organización criminal que incurrió en delitos de corrupción durante los últimos 40 años.
Temer, de 78 años, se vio favorecido por la inesperada decisión unilateral del juez de segunda instancia Antonio Ivan Athié, quien alegó que la prisión preventiva decretada el pasado jueves contra el ex Mandatario se basó en "suposiciones de hechos antiguos, apoyadas en afirmaciones" de la Fiscalía.
El magistrado, del Tribunal Regional Federal de la 2 Región, con sede en Río de Janeiro, se pronunció antes de que esa misma corte lo hiciera de forma colegiada en una sesión marcada para el miércoles de esta semana en la que iba a analizar un
"habeas corpus" interpuesto por la defensa del ex jefe de Estado.
Además, Athié concedió la libertad al ex Ministro Wellington Moreira Franco, un importante aliado de Temer en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB), así como a otros cinco detenidos en el mismo operativo en el que fue capturado Temer, en un caso relacionado con la operación anticorrupción Lava Jato.
Entre ellos figura el coronel de la reserva Joao Baptista Lima Filho, amigo personal del ex presidente y apuntado como su principal testaferro.
"Aunque se admita que existen indicios que pueden incriminar a los implicados, estos no sirven para justificar la prisión preventiva" porque son "antiguos" y además "no está demostrado" que los sospechosos "atenten contra el orden público", "oculten pruebas", u "obstaculicen" las investigaciones, aseguró el juez.
En tanto, la Fiscalía anunció que apelará la puesta en libertad de los investigados.
Temer afronta diez investigaciones relacionadas con diferentes asuntos de corrupción y permanecía recluido desde la tarde del pasado jueves en una sala "especial" de la Superintendencia Regional de la Policía Federal de Río de Janeiro, en la zona portuaria de la capital fluminense.
Su arresto tuvo lugar en Sao Paulo, cerca de su casa, y fue decretado por el juez de primera instancia Marcelo Bretas, encargado en Río de los desdoblamientos de la operación Lava Jato, que destapó hace cinco años un enorme escándalo de desvíos de la estatal Petrobras.
En este caso,
la Fiscalía lo acusó de beneficiarse de los sobornos pagados por la constructora Engevix, a cambio de favorecer a esta en contratos con la estatal Eletronuclear, y de ser el "líder" de una organización criminal, aún activa y dedicada a la corrupción, que desvió en 40 años cerca de 500 millones de dólares de recursos públicos.
Temer, quien el pasado 1 de enero le entregó la banda presidencial a Jair Bolsonaro, se convirtió así en el segundo presidente de la historia reciente de Brasil en pisar la prisión, tras Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010).
Sin embargo, la situación de ambos es diferente. Mientras que Lula solo entró en prisión una vez fue condenado en segunda instancia a 12 años de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de capitales, Temer lo hizo de forma preventiva y sin aún ser imputado formalmente en ningún proceso, aunque sí denunciado.
En este sentido, el juez Athié consideró que hubo una "exageración" en la narración de los hechos que constan en la orden de prisión contra el ex gobernante.
"Resalto que no estoy en contra de la llamada 'Lava Jato', al contrario, también quiero ver a nuestro país libre de la corrupción que lo asola", pero subrayo que "con violación de reglas no hay legitimidad en el combate a esa plaga", escribió el magistrado en su auto.
Por su parte, el MDB celebró la puesta en libertad de Temer y Moreira Franco dijo que la Justicia "reconstituyó el orden", "reconoció la arbitrariedad" y "restableció las garantías constitucionales" de sus dos influyentes dirigentes.
"El partido espera que,
a partir de ahora, el curso de las investigaciones se dé dentro de la legalidad, con derecho a la defensa, hasta que la verdad sea restablecida", señaló la formación en una nota.
Temer, quien llegó a la Presidencia tras la destitución a mediados de 2016 de Dilma Rousseff, fue denunciado formalmente tres veces durante su mandato, pero el Congreso, encargado entonces de avalar o no la apertura de un juicio penal, rechazó los cargos gracias a su sólida base de apoyo parlamentaria.
Pese a ello, las investigaciones no se detuvieron y pasaron a tribunales de primera instancia una vez abandonó el poder y puso fin a más de tres décadas de vida política en los que fue ascendiendo entre bastidores hasta convertirse en jefe de Estado.
