Los diputados británicos aprobaron por un estrecho margen una propuesta de ley para obligar a la Primera Ministra a posponer la fecha del Brexit y evitar así una salida sin acuerdo de la Unión Europea.
La propuesta de ley, aprobada por 313 votos y 312 en contra, fue presentada por la diputada laborista Yvette Cooper para evitar una salida "caótica" y "nociva" de la UE.
La propuesta deberá ser examinada este jueves por la cámara alta del Parlamento, y la solicitud de aplazamiento deberá ser aprobada por los dirigentes de la Unión Europea.
Previamente se había votado, por iniciativa de Cooper, una moción para debatir esta propuesta de ley, que también se aprobó por un margen mínimo (312 síes frente a 311 noes).
Al respecto, el Gobierno expresó su "decepción" a través de uno de sus portavoces. "La Primera Ministra ya definió un proceso claro por el cual podemos salir de la Unión Europea con un acuerdo, y ya nos comprometimos a solicitar un nuevo retraso", añadió el vocero, criticando el carácter restrictivo de esta propuesta de ley.
Aunque el acuerdo de divorcio alcanzado entre Londres y Bruselas ya se rechazó tres veces en el Parlamento, el gobierno británico no excluye volver a presentarlo a los diputados.
La votación de este miércoles enfureció también a los más fervientes defensores del Brexit, dispuestos a cortar los lazos con la UE aunque sea sin acuerdo. El diputado Mark Francois, euroescéptico y conservador, denunció "un escándalo constitucional". "Perdónalos, porque no saben lo que hacen", dijo citando la Biblia.
Antes de la votación, Theresa May se había reunido con el líder de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, para intentar encontrar un compromiso que permita un Brexit con un acuerdo respaldado por una mayoría de diputados.
Ambos calificaron las negociaciones de "constructivas", aunque Corbyn dijo que fueron "útiles pero no concluyentes". "No ha habido tanta evolución como esperaba" señaló, explicando que las discusiones continuarán el jueves.
El Partido Laborista de Corbyn ha defendido repetidas veces la necesidad de que, tras el Brexit, Reino Unido permanezca en una unión aduanera con la UE y respete buena parte de las reglas del mercado común europeo para proteger el comercio y los derechos de los trabajadores.