El nombre de Roberto Andrés Gallardo hace años que es conocido en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, aunque no precisamente por un motivo amistoso. Juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, se ha convertido en el dolor de cabeza de las administraciones locales, sea cual sea su inclinación política, a raíz de sus controvertidos fallos que suelen complicar sus gestiones.
Esta vez, su nombre ha vuelto a la palestra debido a su polémica decisión de prohibir la operación de servicios de delivery en bicicleta en la capital. Según argumentó, Glovo, Pedidos Ya y Rappi funcionan "en franca transgresión a la normativa vigente", sin cumplir con las reglas básicas en materia de seguridad.
Pero además, el fallo ordena el diseño y ejecución de "un plan de contingencia económica y social para compensar la reducción de ingresos de los repartidores hasta que se normalice la situación", el que deberá asumir el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida causó la indignación no solo de las empresas, sino que también de la administración local, que ya anunció que apelará a la medida y que recusará al juez por abuso de autoridad, parcialidad y prejuzgamiento.
Un polémico juez
Los encontrones con Gallardo comenzaron cuando asumió como juez en 2001, con solo 37 años. En esa época, la ciudad era administrada por el abogado Aníbal Ibarra (centro izquierda) y el nuevo magistrado rápidamente pasó a convertirse en su peor karma.
Desde aquel tiempo, Gallardo se comenzó a hacer conocido por conceder medidas judiciales a grupos relegados y causas populares. En 2004, el juez embargó parte del sueldo de Ibarra por no trasladar a personas que habitaban en hoteles arrendados por la ciudad, por ejemplo. Un año más tarde, ordenó al mismo jefe de Gobierno la clausura del Casino Flotante de Buenos Aires. La medida nunca se llevó a cabo y le costó un proceso judicial en su contra por incumplimiento de deberes.
Pero uno de los fallos más controvertidos ocurrió en 2005, cuando trabó depósitos del Gobierno de Buenos Aires por 1.100 millones de pesos argentinos (17.100 millones de pesos chilenos), para garantizar el pago de un subsidio a cartoneros. Desde el Ejecutivo local calificaron la decisión como "un abuso de autoridad".
Con Mauricio Macri recién asumido como jefe del Gobierno de Buenos Aires, Gallardo dio su primer golpe
citándolo en una causa que investigaba la muerte de una menor en un centro de evacuados y luego, en 2010, ordenó
desconectar un cartel luminoso de más de 550 m2, ubicado frente al Obelisco, argumentando que las luces LED ponían en riesgo la seguridad vial. Durante la gestión del hoy Presidente de Argentina, también
frenó las obras de un estacionamiento subterráneo en el barrio de La Recoleta, un proyecto que finalmente se concretó.
En 2011 ordenó la intervención judicial informativa del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), tras la muerte de un hombre por falta de asistencia; mientras que en 2013 denunció penalmente a Macri por incumplimiento de deberes, ante presuntas irregularidades en los registros de ingreso y egreso de cadáveres de cuatro hospitales de la ciudad.
Tras un nuevo cambio de gestión, sus polémicos fallos continuaron. Ya con Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza del Gobierno local, en 2016 prohibió "toda actividad comercial de baile con música en vivo o música grabada" en la ciudad porteña, en reacción a la muerte de cinco jóvenes en una fiesta.
En diciembre del año pasado provocó escozor en el Gobierno federal, tras declarar "inaplicable e inconstitucional" la resolución del Ministerio de Seguridad que regulaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas policiales. La normativa, que fue duramente criticada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, terminó superando la orden judicial y actualmente es aplicada en la ciudad porteña.
Por último, en enero y tras la denuncia de un usuario con discapacidad, el juez determinó que en todas las estaciones del Subte (servicio de tren subterráneo) donde las escaleras mecánicas o ascensores no funcionaran, los pasajeros no debían pagar sus pasajes. La decisión la tomó al constatar que la empresa concesionaria mantenía 51 ascensores fuera de servicio. La orden, al igual que muchas otras impulsadas por Gallardo, fue apelada y el magistrado fue desligado de la causa en marzo.
Un juez de izquierda
Según medios argentinos, el magistrado no esconde su cercanía con los sectores de izquierda. Incluso, aseguran, en su oficina el juez tiene imágenes de Ernesto "Che" Guevara y del ex Presidente chileno, Salvador Allende. También cuenta con fotos del sacerdote argentino, Carlos Mugica, conocido por sus luchas populares. Se identifica con el catolicismo de izquierda y tendría una buena relación con el Papa Francisco, a quien visitó el año pasado en el Vaticano.
En su adolescencia, Gallardo militó en la
Unión Cívica Radical – del ex Presidente Fernando de la Rúa -, que considera "un pecado de juventud", según Infobae. También tuvo cercanías con el kirchnerismo y, de hecho, una foto suya junto al ex vicepresidente de Cristina Fernández,
Armando Boudou, se hizo viral hace un tiempo. Además, en una ocasión
autorizó seis carpas del kirchnerismo que se instalaron a las afueras del Congreso en 2008, aunque no tenían autorización.
"Primero trató de imponer su pensamiento político con el gobierno de Aníbal Ibarra, y después con el de Mauricio Macri en la ciudad. Si tiene muchas ganas de gobernar, le recomiendo que se presente en elecciones (...) y que deje de malgastar los recursos de la Justicia en acciones políticas", lo cuestionó el legislador porteño José Luis Acevedo. "Hace 18 años que hace política desde su juzgado", añadió, según el portal trasandino El Sol.
El ministro de Justicia y DD.HH., Germán Garavano, tampoco escatimó en críticas."Él tiene una tendencia a avanzar sobre áreas que no son de su competencia", dijo refiriéndose a su intento de bloqueo de la normativa sobre armas de fuego.
Algunos critican a Gallardo afirmando que se cree "Robin Hood", otros valoran que se hace cargo de causas que otros jueces no. Sea cual sea el caso, el magistrado ahora tendrá que enfrentar una nueva polémica por su bloqueo a los servicios de delivery.
