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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 15:09
En marzo de 2018, el secretario de Comercio, Wilbur Ross, propuso a nombre de la Administración Trump, que el cuestionario del censo -que puede responderse por correo, teléfono o en persona y, desde 2020, por primera vez por internet- incluya una pregunta sobre el estatus legal de los residentes en Estados Unidos.
La iniciativa encendió de inmediato las alertas de las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, así como de fiscales y líderes del opositor Partido Demócrata.
Los estados de California y Nueva York demandaron al Gobierno por la propuesta y en total 18 estados, 15 ciudades y condados del país, así como la Conferencia Estadounidense de Alcaldes y varias ONG, se unieron para presentar una demanda conjunta.
Tres jueces federales, incluido Jesse M. Furman, de Nueva York, han bloqueado la iniciativa por considerarla ilegal.
Los senadores demócratas Bob Menéndez, Cory Booker y Maizie Hirono presentaron en marzo de 2018 la Ley Cada Persona Cuenta, que prohibiría a la Oficina del Censo hacer una pregunta sobre ciudadanía o la situación migratoria.
Al dar a conocer su sentencia en enero pasado, el juez Furman advirtió: "Cientos de miles de personas, incluso millones, no serán contados en el censo si se incluye la pregunta sobre ciudadanía".
Según un estudio de la propia Oficina del Censo de Estados Unidos, al menos 6,5 millones de personas no participarían en el empadronamiento en caso de que se incluya esa pregunta.
Y un estudio de la Universidad de Harvard estimó que unos 4,6 millones de hispanos pueden quedarse sin contar si se les consulta sobre su estatus legal o si son o no ciudadanos estadounidenses.
El Comité Nacional Demócrata, con un importante arraigo entre los votantes hispanos, ha pedido al presidente Trump que deje "de usar el censo como una herramienta política para restarle poder a la comunidad latina y las demás comunidades de color".
Otras voces señalan el temor que subyace entre las comunidades inmigrantes a que los datos del censo, que son confidenciales y no pueden ser compartidos hasta 72 años después de su realización, sean facilitados a las autoridades migratorias.
Según la campaña "Hágase contar", de la organización sin fines de lucro NALEO Educational Fund, los datos arrojados por el censo permiten definir la asignación de más de 800.000 millones de dólares de financiamiento federal para programas dirigidos a las familias y las comunidades.
Entre los diez programas federales que usan como base los resultados del censo se encuentran los de salud pública conocidos como Medicaid y Medicare, el de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las subvenciones a las agencias locales de educación y los programas de almuerzo escolar, entre otros, según esa organización.
Los datos también permiten determinar dónde se construirán escuelas, carreteras, hospitales, centros de cuidado infantil, asilos para personas de la tercera edad y otros servicios, agrega NALEO.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, ha advertido que la pregunta pone en peligro la incorporación en los datos estadísticos de la población total de Estados Unidos de "varios millones" de indocumentados que residen en el país. "Si no nos cuentan, no contamos", sentenció.
Un registro incompleto de la población tiene consecuencias políticas, ya que la Cámara de Representantes cuenta con 435 miembros que se reparten proporcionalmente a la población en los 50 estados del país.
El censo también determina la distribución de distritos legislativos estatales y del Congreso.
