La vicepresidenta Rosario Murillo junto a su marido, el Presidente Daniel Ortega.
AP
El Gobierno de Nicaragua informó este jueves que espera "el mejor resultado" de las negociaciones con la oposición para superar la crisis local, que considera vigente, pese a que las mismas concluyeron el 3 de abril pasado sin producir los resultados esperados.
"Nuestro Gobierno (está) esperando que las negociaciones tengan el mejor resultado", dijo la vicepresidenta Rosario Murillo, en una alocución emitida este mediodía.
Las negociaciones entre el Gobierno y la extra parlamentaria Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fueron dadas por concluidas el 3 de abril, tras un mes y una semana de discusiones, luego de que el Ejecutivo incumplió con los acuerdos firmados y bloqueó la discusión de temas trascendentes, según la oposición.
Los acuerdos incumplidos del Gobierno se resumen en la libertad de los "presos políticos", y el respeto a la Constitución de Nicaragua en lo referido a la libertad de expresión y de prensa.
Los temas que el Gobierno supuestamente evitó están relacionados con el retorno de la democracia y la justicia para las víctimas de la crisis sociopolítica.
Murillo sostuvo que la delegación del Gobierno está "asistiendo todos los días" a la mesa de negociaciones, a la espera del regreso de la Alianza Cívica, que ha advertido que no iniciará un nuevo proceso de diálogo mientras el Gobierno no cumpla con sus compromisos.
La también primera dama dijo estar "esperando con mucha paciencia, con mucha paciencia".
A inicios de abril, antes de concluir las negociaciones, el miembro de la delegación del Gobierno, Wilfredo Navarro, advirtió que si la Alianza se levantaba de la mesa, el Ejecutivo buscaría "otras soluciones y otros interlocutores".
A pesar de la advertencia, la Alianza ha sostenido que, por un lado las negociaciones ya concluyeron, y por otro, que solamente estarán dispuestos a continuar si el Gobierno da muestras concretas de cumplir con los acuerdos.
325muertos ha dejado la crisis en Nicaragua
La crisis de Nicaragua, iniciada en abril de 2018, ha dejado 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Organismos locales elevan la cifra a 568. El Ejecutivo reconoce 199.
Adicionalmente la Alianza Cívica cuentan 809 "presos políticos", casi el doble de los que reconoce el Gobierno, que los identifica como "terroristas", "golpistas" o "delincuentes comunes".
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.
