El miércoles, el Diario Oficial de Brasil publicó el decreto firmado por el Presidente
Jair Bolsonaro, que establece una
flexibilización respecto del porte de armas, reduciendo los requisitos y aumentando el listado de las profesiones y oficios autorizados para llevar armamento sin restricción alguna.
El decreto, firmado el martes por el Mandatario en una ceremonia en el Palacio de Planalto, establece que, para obtener el derecho de porte, es necesario "tener 25 años, comprobar capacidad técnica y psicológica para el uso de arma de fuego, no tener antecedentes penales ni estar respondiendo a la investigación o al proceso criminal y tener residencia cierta y ocupación lícita", según indica el medio G1.
Asimismo, es necesario comprobar una "efectiva necesidad de portar armas por el ejercicio de actividad profesional de riesgo o de amenaza a su integridad física".
No obstante, esta "efectiva necesidad" será tomada como cumplida para un grupo específico de personas. Estas son:
- Instructores de tiro acreditados por la Policía Federal.
- Coleccionistas o cazadores con certificado de registro de arma de fuego expedido por el Comando del Ejército.
- Agentes de seguridad del sistema público, incluso aquellos que ya se encuentren "inactivos",
- Las personas que gocen de un cargo público de elección popular en los poderes Ejecutivo y Legislativo, en los Estados, el Distrito Federal y los municipios.
- Abogados.
- Oficiales de justicia.
- Los dueños de establecimientos que comercialicen armas de fuego y los propietarios o dirigentes de escuelas y clubes de tiro.
- Los residentes de área rural.
- Profesionales de medios de prensa que realicen coberturas policiales.
- Consejeros tutelares.
- Agentes de tránsito.
- Motoristas de empresas y transportadores autónomos de carga (camioneros).
- Funcionarios de empresas de seguridad privada y de transporte de valores.
El decreto también ahora permite el uso de armas que antes eran exclusivas para las fuerzas de seguridad, como la pistola de 9 milímetros, que sólo podía ser utilizada por el Ejército, la Policía Federal y la Policía Federal de Carreteras; y la pistola calibre .40, usada por policías civiles y militares.
Asimismo,
cambiaron las exigencias respecto de la participación de menores de edad en clases de tiro. Antes era necesaria una autorización judicial, pero ahora sólo basta un permiso de los responsables legales del menor y que las lecciones sean dictadas en un local autorizado por el Comando del Ejército.
La medida, uno de los "caballos de batalla" de Bolsonaro, ya tiene detractores. Así, según Bruno Lageani, del Instituto Son de Paz, la iniciativa aumenta las posibilidades de que los policías se encuentren con personas que estén mejor armadas que ellos, lo que incluso podría entorpecer la investigación policial.
"Cuando usted tiene una matanza en la que se usa una .40, a la hora de investigar, va a hacer una investigación enfocada. Cuando se abre la posibilidad de que más gente use ese calibre, pierde esa oportunidad", recalcó a G1.
