Representantes de altos tribunales de Justicia de Colombia denunciaron "presiones" por parte de Estados Unidos, luego de que el Gobierno de ese país le revocara las visas a tres magistrados, de la Corte Suprema y Constitucional, involucrados en decisiones judiciales que afectan los intereses de ese país en Colombia.
"Es un tema que inquieta, la existencia de un contexto de presiones y (...) de preocupaciones por la imparcialidad de los jueces", dijo Gloria Ortiz, presidenta de la Corte Constitucional colombiana, encargada de velar por el cumplimiento de la Carta Magna.
"Es un tema que inquieta, la existencia de un contexto de presiones y (...) de preocupaciones por la imparcialidad de los jueces"
Gloria Ortiz, presidenta Corte Constitucional
Jueces del Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abogaron conjuntamente por la "independencia judicial, tanto en sus aspectos individuales como institucionales", tras la revocatoria de los documentos migratorios a sus colegas, que ha generado un revuelo político en Colombia.
A la declaración no se sumó la Corte Suprema de Justicia, aunque el presidente de ese tribunal, Álvaro García, criticó el viernes las supuestas presiones. "Veo muy grave que estemos tomando medidas contra los jueces, máximo si proviene de una nación cuna de la democracia", dijo a la emisora La FM.
Los casos
La denuncia de los altos tribunales se da luego de que la revista Semana revelara el viernes que EE.UU. revocó las visas de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Eyder Patiño, y de dos del Tribunal Constitucional, Diana Fajardo y Antonio Lizarazo.
La determinación de cancelar las visas, según Semana, la tomó el Gobierno estadounidense debido a que los magistrados están involucrados en casos de extradiciones, suspensión de las aspersiones aéreas de herbicidas con glifosato y el acuerdo de paz con las FARC.
Patiño habría negado la extradición de un indígena acusado por narcotráfico, argumentando que ya había sido juzgado por la justicia aborigen. En tanto, Lizarazo fue el ponente de la ley que reglamenta la JEP, justicia surgida para juzgar los crímenes cometidos durante medio siglo de conflicto armado con las FARC. Fajardo, por su parte, ha sido defensora de este mismo tema, así como del medioambiente y la salud, entre otros asuntos.
La polémica se da en momentos en que la JEP tiene pendiente la decisión sobre el pedido de extradición del ex jefe de las FARC, Jesús Santrich, detenido desde hace 13 meses en Bogotá por solicitud de Washington, que lo acusa de narcotráfico.
Además, Lizarazo y Fajardo, como los demás jueces de la Constitucional, hacen seguimiento a un fallo del tribunal que suspendió las aspersiones aéreas de narcocultivos con glifosato en 2015, por potenciales daños a la salud y el medioambiente. EE.UU. es partidario de reanudar las aspersiones con el polémico herbicida, lo que comparte con el gobierno de Iván Duque.
La cancelación de estas visas se une a la del congresista, John Jairo Cárdenas, quien denunció el 17 de abril que EE.UU. le había anulado el documento por hacer públicos los detalles de una reunión con el embajador estadounidense en Colombia, Kevin Whitaker, sobre la JEP.
"El Departamento de Estado tiene amplia autoridad para revocar visas basándose en información que salga a la luz en cualquier momento y que indique que el titular de la visa puede ser inadmisible en EE.UU., o no cumpla con los requisitos de visa", explicó la embajada norteamericana en un comunicado.
Gobierno respeta decisión
La magistrada Ortiz aseguró que habló del tema con el presidente Duque, quien advirtió al embajador sobre la necesidad de "mantener una justicia imparcial" y "sin presiones para la toma de decisiones". Además, aseguró que a Lizarazo y Fajardo les fueron restablecidos los documentos migratorios tras entregar datos adicionales requeridos por EE.UU.
La Cancillería colombiana indicó que respeta la decisión de Washington y "su competencia para otorgar y retirar visas", una actitud criticada por la oposición.
Colombia ha sido un estrecho aliado en la región de EE.UU., que por décadas le ha entregado recursos para combatir el narcotráfico.
