El organismo encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano rechazó el miércoles extraditar al ex jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús Santrich, a EE.UU. y pidió a la fiscalía disponer su inmediata liberación.
Santrich fue detenido en Bogotá en abril de 2018, por su presunta responsabilidad en un plan para enviar 10 toneladas de cocaína al Cártel de Sinaloa en México que terminarían en EE.UU., y actualmente se encuentra recluido en la cárcel de máxima seguridad La Picota, al sur de la capital.
La Justicia Especial para la Paz (JEP), el tribunal encargado de investigar, juzgar y sentenciar a los responsables de los crímenes ocurridos en el conflicto armado con las FARC, alegó en su resolución que "las pruebas (contra Santrich) no permiten evaluar la conducta ni establecer la fecha precisa de su realización", según publicó en Twitter.
De acuerdo con la orden de detención emitida por EE.UU., el plan de Santrich para enviar la droga a ese país fue
posterior a la firma del acuerdo de paz ente el gobierno y las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en 2016.
Además, la JEP pidió a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la Oficina de Control Interno de la Fiscalía que investiguen presuntas "irregularidades" cometidas durante la recolección de pruebas en la solicitud de extradición del Santrich.
Para ese tribunal, los funcionarios de la Fiscalía pueden haber omitido "sus deberes de velar por el respeto de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos y afectación de la soberanía nacional" cuando permitieron a agentes extranjeros recoger pruebas para incriminar al ex combatiente.
En una entrevista con la local radio Caracol desde La Picota, Santrich señaló que "la decisión de la JEP ha sido la estocada final para que se derrumbe ese sucio montaje que hizo el Departamento de Estado (de Estados Unidos) y la Fiscalía General de la Nación contra mí y espero que el gobierno y otras instancias respeten ese fallo".
La Procuraduría Nacional apelará la decisión, dijo el procurador Fernando Carrillo a periodistas.
Renuncia del fiscal general
Horas después, el fiscal general de la Nación, Néstor Martínez, sostuvo en una rueda de prensa que, aunque su despacho no ha sido formalmente informado de la decisión de la JEP, ese tribunal "adoptó una decisión que desafía la evidencia aportada por los EE.UU. y por esta fiscalía. Las pruebas son concluyentes, inequívocas, los hechos ocurrieron después del 1 de diciembre del año 2016; hace trizas la cooperación judicial internacional".
Por tanto, agregó, decidió presentar su renuncia al cargo porque "este desafío al orden jurídico no será refrendado por el suscrito. Mi conciencia, mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden".
Sin embargo, la senadora Victoria Sandino, del partido FARC, dijo que lo que realmente ocurre con la renuncia del fiscal general es que está "huyendo a las investigaciones que se le vienen encima y que hasta el momento no han prosperado".
Martínez ha sido fuertemente criticado porque supuestamente no ha sido lo suficientemente diligente para investigar a los implicados en el caso de los millonarios sobornos pagados en Colombia por la constructora brasileña Odebrecht.
El Presidente Iván Duque, quien se encontraba en la ciudad de Medellín, regresó sorpresivamente a Bogotá y convocó a una reunión con varios de sus ministros y otros asesores para evaluar la renuncia del fiscal general, el asesinato de varios ex miembros de las FARC y la situación de Santrich. Posteriormente condenó el fallo y dijo que su gobierno respaldaría a la Procuraduría Nacional en su apelación.
"Como Presidente de la República, he estado, estoy y estaré siempre listo a firmar la extradición de alias 'Jesús Santrich' y de cualquier otro sindicado por narcotráfico", afirmó en un discurso nocturno. "La genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina garantía de no repetición de las víctimas quedarían en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal", aseveró.
El conflicto en Colombia entre rebeldes izquierdistas, paramilitares y el Estado dejó al menos 250.000 muertos, 60.000 desaparecidos y millones de desplazados en una guerra que aún atormenta a muchos.
