Irlanda está a punto de dar otro paso significativo en su proceso de modernización con la celebración este viernes de un referéndum encaminado a suavizar la actual Ley del divorcio, en el que se espera un rotundo "sí" para poner fin a sus restricciones.
Los principales partidos políticos y la sociedad en general han estado del lado del Gobierno de Dublín, dirigido por la formación demócratacristiana Fine Gael, desde que convocó esta consulta, que sirve de nuevo como termómetro para medir la transformación que ha atravesado el país en los últimos 25 años.
Sirva como ejemplo el hecho de que
el divorcio es legal en Irlanda solo desde 1995, cuando sus detractores, con la entonces poderosísima Iglesia católica a la cabeza, perdieron por un puñado de votos un referéndum sobre este asunto, con un 49,7% de los votos por la opción "No", frente al 50,3% que obtuvo el "Sí".
Aquel ajustado resultado ya representó un cambio considerable en la sociedad irlandesa, pues apenas nueve años antes el rechazo a la legalización del divorcio se había impuesto en otro plebiscito por un amplio margen de 25 puntos.
Esta nueva consulta no supone el final del camino para la total liberalización del divorcio, pero la propuesta de reforma del Gobierno aspira a aliviar "las tensiones emocionales y económicas" que genera cualquier separación, según explicó el Primer Ministro, Leo Varadkar.
La legislación vigente dispone que la terminación oficial de un matrimonio solo se concede cuando los cónyuges han vivido por separado durante cuatro de los cinco años previos.
De momento, aquellos que quieren divorciarse deben solicitar primero un permiso legal y, después, regresar a un juzgado para demostrar que han vivido separados por el periodo de tiempo establecido.
En caso de victoria del "sí", desaparecería de la Constitución irlandesa toda referencia al periodo de espera, lo que daría a los políticos en el Parlamento de Dublín vía libre para alterar en el futuro la legislación sin necesidad de convocar un referéndum.
En ese escenario, el Gobierno podría reducir a dos años la fase de espera, como ha adelantado Varadkar en varias ocasiones.
En el lado opuesto, entre los defensores del "no", sobresalió durante la campaña el influyente Instituto Iona, un centro de pensamiento ligado a la iglesia católica irlandesa, que quiere que la Carta Magna siga amparando las restricciones impuestas al divorcio.
La jerarquía eclesiástica, por su parte, ha mantenido un perfil relativamente bajo, pero en su mensaje final la conferencia episcopal pidió a los irlandeses que "reflexionen profundamente" sobre las consecuencia de su voto en la consulta.
"La propuesta del referéndum busca acelerar la disolución del matrimonio, (pero) se velaría mejor por el bien común apoyando y otorgando recursos a las parejas y familias en la preparación para y durante el matrimonio", indicaron los obispos.
Aunque no ha habido encuestas al respecto, los medios irlandeses sostienen que el recuento de votos, que comenzará mañana sábado y concluirá por la tarde, confirmará que el electorado, de algo más de tres millones, ha vuelto a apostar por la modernización del país.
Al hilo del desprestigio de la Iglesia, provocado por los miles de casos de abusos cometidos contra menores, la sociedad irlandesa decidió suavizar el pasado año en un referéndum la ley del aborto, una de las más restrictivas del mundo.
Y tres años antes los irlandeses también hicieron historia al apoyar en otro plebiscito la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que convirtió a este país en el primero en dar ese paso tras consultarlo con su ciudadanía.
