El presidente del consejo de ministros peruano, Salvador del Solar, sustentó este martes ante el Congreso la moción de confianza solicitada por el Gobierno para aprobar sus reformas anticorrupción, que de ser rechazada puede desencadenar la disolución constitucional del Legislativo y la renuncia del gabinete.
El resultado de este nuevo episodio de tensión entre el Congreso, controlado por la oposición, y el Presidente Martín Vizcarra, quien carece de partido y bancada parlamentaria, es incierto.
"Es urgente salvar a la democracia de la corrupción, es urgente evitar que personas con delitos penales nos representen, tenemos que alentar que ciudadanos con vocación de servicio participen en política" para que los peruanos confíen en las autoridades, dijo Del Solar al justificar las reformas propuestas.
El jefe de gabinete defendió la moción de confianza presentada el 27 de mayo, e insistió en que "la voluntad del gobierno es que se apruebe la esencia de las reformas en un plazo razonable".
El optimismo rodea a Vizcarra, quien espera recibir el respaldo del Congreso pese a que es dominado por una mayoría radical populista de derechas que no ha dudado en mostrar los dientes y desafiarlo cada vez que lo cree necesario.
"Confío en que los congresistas van a dar el voto de confianza para que se implementen los cambios y tener una mejor clase política que represente a todos los peruanos", dijo Vizcarra el lunes a la televisora estatal.
Tras la sustentación de la moción, los legisladores iniciaron un debate que se estima durará hasta la noche para dar paso a la votación.
Final incierto
La cuestión clave es que un rechazo a la moción de confianza podría dejar en la calle a los 130 parlamentarios.
La moción es un mecanismo constitucional por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si se censura o niega el voto de confianza a dos gabinetes, el presidente puede proceder a disolver el Congreso y convocar a elecciones legislativas en cuatro meses.
En septiembre de 2017, el actual Congreso ya le negó la confianza a un gabinete por lo que
una nueva negativa gatillaría su disolución.
El año pasado, Vizcarra amenazó ya con disolver el Legislativo, llevando a los parlamentarios a adoptar una postura conciliadora.
El fragmentado Congreso está dominado por una frágil mayoría compuesta por la fujimorista Fuerza Popular -con 53 legisladores- y otros grupos minoritarios.
Los reflectores están puestos en Fuerza Popular, que lidera Keiko Fujimori. La hija del ex Presidente Alberto Fujimori cumple prisión preventiva por supuestamente recibir fondos ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial en 2011.
En sus filas, algunos -aunque no todos- estiman que Vizcarra se extralimita en sus funciones, lo que consideran podría acabar en una deriva totalitaria.
La bancada del socialdemócrata partido Aprista, aliado de Fuerza Popular, indicó que votará en contra de la moción. Sus cinco legisladores denuncian que "pretender disolver el Congreso desnuda una clara agresión golpista y antidemocrática".
La izquierda, que suma 20 votos a través del Frente Amplio y Nuevo Perú, votará también en contra pero con otro objetivo: acabar con la mayoría conservadora.
Reforma anticorrupción
Cinco proyectos de reforma están asociados a la moción. Estos contemplan regular el financiamiento de los partidos y cambios en el sistema electoral, entre otros.
También proponen que sea la Corte Suprema y ya no el Congreso el órgano que quite la inmunidad a un parlamentario, pues hubo casos de legisladores que amparados en sus fueros han intentado eludir condenas por delitos comunes.
Vizcarra impulsa la reforma para prevenir actos de corrupción en un país donde los cuatro anteriores presidentes están salpicados por el escándalo de aportes y sobornos de la cuestionada Odebrecht.
La empresa ha confesado que repartió millones de dólares entre figuras del poder, desde presidentes a alcaldes, para conseguir contratos de obras públicas.
La última vez que un presidente disolvió el Congreso fue el 5 de abril de 1992. Pero en aquella ocasión, Alberto Fujimori (1990-2000) lo cerró con respaldo militar, detuvo a opositores y censuró a la prensa.
