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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:57
El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, solicitó el 27 de mayo al Congreso un voto de confianza a su Gobierno para la aprobación de un paquete de reformas políticas, que el Mandatario considera clave para luchar contra la corrupción y fortalecer las instituciones.
En total son seis proyectos de ley, que involucran:
Reformar la Constitución para que un órgano ajeno al parlamento defina el levantamiento de la inmunidad de los miembros del Congreso acusados de delitos comunes, y no corra a cargo de los mismos legisladores como sucede ahora.
Prohibir que una persona condenada en primera instancia por delitos dolosos con una pena que sea mayor a los 4 años de cárcel, pueda ser candidato a un puesto de elección popular.
Tipificar como delito el financiamiento indebido de organizaciones políticas y el falseamiento de información sobre aportes y gastos de partidos políticos. Fijar la obligación a los partidos de presentar dos reportes de gastos durante las campañas electorales.
Permitir que cualquier ciudadano pueda elegir a los candidatos de los partidos políticos a través de primarias abiertas y obligatorias, supervisadas por la oficina electoral nacional.
Cambiar el sistema de presentación de las listas de candidatos al Congreso y también el sistema de elección para eliminar el "voto preferencial". Asimismo garantizar la participación de mujeres, con paridad de género, en las postulaciones al parlamento.
Cambio en la ley de organizaciones políticas, el cual señala que para inscribir un partido se requiere un número mínimo de afiliados identificados y ya no de adherentes. Además cancelar la inscripción de un partido si no logra convocar un mínimo de participación ciudadana en elecciones internas.
Si la moción es rechazada, puede desencadenar la disolución constitucional del Legislativo y la renuncia del gabinete.
Según la Constitución, la moción de confianza es un mecanismo por el cual el Ejecutivo puede consultar al Congreso sobre el tema que estime conveniente. Pero si los legisladores rechazan este pedido a dos gabinetes, como sería en esta ocasión, el Presidente puede disolver el Congreso.
El gobierno está obligado en ese caso a convocar elecciones parlamentarias en un plazo de cuatro meses, durante los cuales Vizcarra legislaría mediante decretos de urgencia.
La última vez que un presidente disolvió el Congreso en Perú fue en abril de 1992. En aquella ocasión, Alberto Fujimori (1990-2000) lo cerró con respaldo militar, detuvo a opositores y censuró a la prensa.
