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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 14:52
La "Operación Lava Jato" comenzó en marzo de 2014 como una investigación acerca de lavado de dinero en el estado brasileño de Paraná. La policía local y fiscales arrestaron al dueño de una estación de bencina, Carlos Habib Chater, y lo acusaron de hacer negocios con Alberto Youssef, convicto por lavado de dinero, quien a su vez había comprado un vehículo Range Rover para un ex ejecutivo de la gigante petrolera estatal Petrobras, Paulo Roberto Costa. Youssef y Costa llegaron a acuerdos judiciales para colaborar y así fue que sacaron a la luz un inmenso esquema de corrupción con insospechados alcances.
Sérgio Moro, actual ministro de Justicia de Brasil. | AFPLos investigadores afirman que ejecutivos de algunas grandes compañías constructoras, como Odebrecht, OAS y Andrade Gutierrez, formaron un cartel que decidía qué empresas se llevarían los grandes contratos de Petrobras, que en algunos casos llegaban a los miles de millones de dólares, y además pactaban en cuánto inflar los precios, como forma de financiar el pago por estos favores a políticos y ejecutivos de Petrobras.
Varios altos ejecutivos de empresas y connotados políticos han sido condenados o están aún siendo investigados. El ex Presidente Lula está en proceso de apelación de una sentencia de 8 años y 10 meses, por haber aceptado un departamento por parte de la constructora OAS. Otro ex Presidente, Michel Temer, también está bajo investigación. A ellos se suman Marcelo Odebrecht, ex CEO de Odebrecht, y Eduardo Cunha, quien fuese presidente de la Cámara de Diputados. También el caso salpicó a políticos de otros países: en Perú, los fiscales buscan una sentencia de 20 años para el ex Presidente Ollanta Humala, mientras que el también ex Mandatario Alan García, se disparó en la cabeza en abril cuando las autoridades llegaron a su residencia para arrestarlo, vinculado a esta investigación.
Lula da Silva, ex Presidente de Brasil. | ReutersTestigos que llegaron a acuerdos judiciales, acusaron a Lula de recibir secretamente un departamento por parte de OAS, a cambio de contratos con Petrobras entre los años 2006 y 2012. Lula niega los cargos y dice que nunca ha sido el dueño legal del departamento. Sin embargo, el juez Moro argumentó que el solo intento de regalarle el inmueble significaba un delito. Su condena, que luego fue ratificada, lo marginó de la carrera presidencial del año pasado, para la cual aparecía como favorito, abriendo el campo electoral para que se concretase la elección de Jair Bolsonaro, quien posteriormente designaría al juez Moro como su ministro de Justicia.
El medio The Intercept afirma que los documentos demuestran que Moro, quien había obtenido gran apoyo ciudadano como una figura contra la corrupción, ayudó a guiar a los investigadores en un esfuerzo por condenar a Lula, cuando debía haberse comportado de forma imparcial. Los documentos también mostrarían que los fiscales dudaban de la solidez de su evidencia. El abogado de Lula, Cristiano Zanin, dijo que la investigación está "corrompida" y que debería liberarse al ex Presidente. Moro y el vicepresidente Hamilton Mourao, afirmaron que las conversaciones publicadas fueron sacadas de contexto y defendieron la investigación.
