La Fiscalía de Perú formalizó este lunes una nueva acusación y pedido de extradición contra el ex Presidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), por el delito de lavado de activos en el marco del caso Ecoteva, una presunta operación de blanqueamiento de dinero a través de la compra de inmuebles.
Según informó la Fiscalía, la acusación fue presentada por el coordinador fiscal del equipo especial para el caso Lava Jato, Rafael Vela, e incluye además a la esposa de Toledo, Eliane Karp; a su suegra, Eva Fernenbug; a su ex jefe de seguridad, Avraham Dan On y a su hijo Shai Dan On; así como al abogado David Eskenazi, ex apoderado de Fernenbug.
La acusación se basa en la información proporcionada por el empresario Josef Maiman, ex amigo íntimo de Toledo, quien declaró en Israel en marzo pasado ante los fiscales del caso Lava Jato, en el marco de la colaboración eficaz (delación premiada) a la cual se acogió.
En el interrogatorio, Maiman confirmó que fue él quien recibió, a través de sus empresas, el dinero con el cual
Odebrecht presuntamente sobornó a Toledo para ganar la concesión de la carretera interoceánica del sur, que atraviesa el sur peruano, desde el océano Pacífico hasta la frontera con Bolivia y Brasil.
Además, Maiman entregó a la Fiscalía detalles de cómo hizo llegar el dinero al ex Mandatario.
Toledo, quien permanece prófugo de la Justicia en Estados Unidos, país donde reside junto a su esposa Karp, afronta ya una orden de prisión preventiva y pedido de extradición por presuntamente haber recibido coimas de la empresa Odebrecht.
Pese a que Toledo aseguró en abril pasado que Maiman mintió a los fiscales peruanos, la Fiscalía peruana ha recopilado los indicios que apuntan a que los sobornos reconocidos por Odebrecht terminaron presuntamente en manos de Toledo a través de un entramado de empresas en distintos países.
Entre esas sociedades está Ecoteva, fundada en Costa Rica por la belga Eva Fernenbug, suegra de Toledo; que fue utilizada por el ex presidente para adquirir millonarias propiedades inmobiliarias en Lima y en las playas del norte de Perú.
Los sobornos a Toledo saltaron a la luz a inicios de 2017, momento en que la Justicia peruana dictó 18 meses de prisión preventiva contra el ex Mandatario y una orden de captura internacional.
