El Gobierno español pidió a la Justicia que cierre las delegaciones catalanas, conocidas como "embajadas", en Alemania, Suiza y Reino Unido por considerarlas "lesivas para los intereses del Estado y al servicio de un proyecto secesionista inconstitucional".
El Ministerio de Asuntos Exteriores anunció este martes que ha solicitado a la Abogacía del Estado que pida la "paralización de la actividad" de estas delegaciones ya que están realizando "con singular intensidad" labores en favor de los objetivos del proceso secesionista de Cataluña que fue rechazado por el Tribunal Constitucional.
El Ministerio recordó que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras constatar que las delegaciones contravienen "de forma evidente" las leyes que establecen la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones exteriores.
Hace una semana, el Ejecutivo español ya anunció que recurrirá ante los tribunales la apertura de este tipo de delegaciones en México, Argentina y Túnez por las mismas razones que expresa hoy y antes había recurrido el establecimiento de estas mismas delegaciones en otros países como Estados Unidos, Irlanda y Francia.
El Ministerio de Exteriores subraya que el cierre que solicita se circunscribe de momento a la actividad de las delegaciones de Berlín, Londres y Ginebra.
Para el Gobierno español, el restablecimiento de estas oficinas persigue un "fin inconstitucional como es la creación de una estructura de Estado, al servicio de un proyecto de transición nacional de carácter secesionista inconstitucional, con grave perjuicio para la política exterior de España".
No obstante, apunta también que "no se discute la legítima acción exterior que Cataluña (como cualquier otra comunidad autónoma -región) puede desplegar en el ámbito de sus competencias", siempre y cuando sea conforme al ordenamiento constitucional.
El actual Ejecutivo regional catalán, presidido por el independentista Quim Torra, aseguró desde que tomó posesión en mayo de 2018 que emplearía "todos los medios a su alcance" para internacionalizar sus aspiraciones secesionistas.
Las delegaciones de este tipo que Cataluña tenía fueron cerradas en octubre de 2017 después de que el Gobierno español asumiera las competencias del Ejecutivo catalán, tras la declaración ilegal de independencia por el Parlamento de Cataluña.
