El ex líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Seuxis Paucias Hernández, alias "Jesús Santrich", cuya situación jurídica fue motivo de controversia hace unas semanas, protagoniza una nueva polémica por dejar plantado a su esquema de seguridad e irse con rumbo "desconocido", lo que puso en duda su compromiso con el acuerdo de paz y recrudeció el debate nacional sobre el pacto firmado en 2016.
Según trascendió, Santrich se encuentra sin paradero conocido desde el sábado, cuando abandonó a su escolta en una zona de capacitación y reincorporación para ex combatientes ubicada en zona rural del municipio de La Paz, en el departamento de Cesar, cerca de la frontera con Venezuela.
Su "desaparición" ha captado toda las miradas, especialmente, porque llega luego de que la justicia colombiana decidiera rechazar su extradición a Estados Unidos; de que se ordenara su liberación, y de que el pasado 11 de junio jurara como congresista de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el nuevo partido de la ex guerrilla.
Controvertido proceso judicial
Santrich, de 52 años, fue capturado inicialmente en Bogotá el 9 de abril del año pasado, debido a una alerta roja de Interpol solicitada por EE.UU., que lo acusa de tener un acuerdo con narcotraficantes para exportar 10 toneladas de cocaína a ese país, cargamento valorado en 320 millones de dólares.
La detención del dirigente histórico generó diversas críticas provenientes del nuevo partido de las FARC, cuyos representantes calificaron la captura como un
"montaje" y un duro golpe al proceso de paz del que el propio Santrich participó como negociador. Pero el entonces Presidente colombiano,
Juan Manuel Santos, defendió su detención y argumentó que, según la fiscalía, existían
pruebas contundentes en su contra.
Santrich inició una huelga de hambre que se prolongó por 41 días, por lo cual fue trasladado a un hospital y luego a una fundación perteneciente a la Conferencia Episcopal Colombiana. Estados Unidos, por su parte, continuó con el procedimiento y el 8 de junio de 2018 solicitó formalmente su extradición, argumentando que el ex combatiente había cometido sus crímenes después de que se firmara la paz el 24 de noviembre de 2016.
La medida fue respaldada por el Ministerio Público de Colombia ante la Justicia Especial para la Paz (JEP), encargada de procesar los delitos cometidos por la guerrilla. Según la fiscalía y la versión estadounidense, como los ilícitos de Santrich habrían sido posteriores al acuerdo, éste no debía ser juzgado por la justicia especial.
La controversia explotó de 16 de mayo recién pasado, cuando la JEP le concedió al ex líder de las FARC el beneficio de no extradición. Según consideró, "con las pruebas aportadas no se puede evaluar la conducta atribuida (...) ni tampoco determinar la fecha precisa de su realización". En ese contexto, ordenó "disponer la libertad inmediata" del detenido.
Santrich fue liberado por la Fiscalía el 17 de mayo, pero inmediatamente arrestado, bajo nuevos cargos relacionados al narcotráfico.
Solo dos semanas después, en otra sorpresiva decisión judicial, la Corte Suprema determinó que el ex negociador debía ser liberado por contar con fuero parlamentario, aún cuando no pudo jurar como legislador por estar preso. El cargo lo adquirió como miembro del partido político de las FARC, al que le correspondían 10 escaños según el acuerdo de 2016.
Así, a más de 400 días de su detención inicial,
Santrich recuperó su libertad el 30 de mayo de este año. "Respetamos la decisión del tribunal (...) pero nos parece lamentable", reaccionó Washington a su excarcelación. "¡Viva La Paz de Colombia y abajo la intervención de los yanquis!", gritó entonces el ex guerrillero, que el 11 de junio tomó posesión de su puesto en el Congreso.
De todas formas, su proceso no quedó allí. La decisión tomada por la Corte Suprema también implicaba que ella se encargaría de indagar a Santrich, por considerar que es el único ente capaz de llevar su caso. Así, el máximo tribunal fijó una citación indagatoria para este 9 de julio.
Por su parte, la JEP explicó este lunes que Santrich está vinculado al caso 001, que corresponde a los secuestros cometidos por las FARC entre 1993 y 2002, y por el cual también fueron llamados 32 antiguos líderes, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como "Timochenko".
Al respecto, la entidad precisó que "está pendiente por definir la fecha donde se retomará su versión (la de Santrich) que es de asistencia obligatoria e indelegable".
"Asumir las consecuencias"
El ex líder guerrillero ha dicho en varias oportunidades que tiene la voluntad de "comparecer a todos los llamados" de la Corte Suprema para, según él, esclarecer las acusaciones por las que "injustamente" se le investiga.
Pero aunque actualmente no tiene ninguna orden de captura y se puede movilizar libremente por todo el país,
el Gobierno teme que el ex combatiente haya tomado la decisión de evadir su responsabilidad ante la justicia, tal como lo hicieron otros líderes del antiguo grupo armado.
"Que una persona con semejantes características abandone su esquema de seguridad (…) solamente muestra que su deseo es eludir la justicia", dijo el Presidente colombiano, Iván Duque, ante la nueva situación de Santrich.
No sería la primera vez que un miembro del alto escalón de las FARC toma ese camino. Fue el caso del ex jefe negociador de paz, Iván Márquez; Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña", y Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa", que se desempeñó como jefe de la columna Teófilo Forero, una de las más violentas de la guerrilla.
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común desconoce el paradero de todos ellos y todavía no se ha pronunciado sobre si los expulsa del partido o no. Sin embargo, desde su cúpula central llamaron a Santrich a cumplir con el acuerdo de paz. Según advirtieron, "si algún militante decide ponerse al margen del proceso o, luego de la entrada en vigencia del acuerdo (de paz) asume conductas que lo pongan por fuera de la ley, debe asumir las consecuencias".
