El Gobierno del Presidente de EE.UU., Donald Trump, descartó incluir la polémica pregunta sobre la ciudadanía en el censo de 2020, cuyas versiones en papel empezaron a imprimirse el martes.
Kelly Laco, vocero del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), ratificó la veracidad de un mensaje de correo electrónico que divulgó un ex abogado del ex Presidente Barack Obama (2009-2017), en el que el Gobierno asegura que no incluirá la cuestión.
"Podemos confirmar que hemos tomado
la decisión de imprimir el cuestionario del censo de 2020 sin la pregunta sobre ciudadanía y que hemos ordenado a los encargados de imprimir (los documentos) que inicien el proceso", dijo Kate Bailey, abogada del DOJ, en un correo electrónico divulgado en Twitter.
La decisión del Ejecutivo se produce una semana después de que el Tribunal Supremo fallase en contra de la pregunta, al considerar que la Administración no dio una razón adecuada para agregarla.
"La peligrosa estrategia de la Administración Trump para agregar una pregunta de ciudadanía al censo de 2020 falló", dijo en un comunicado la vocera de la organización Fair Immigration Reform Movement (FIRM), Sulma Arias, quien consideró que "el amor, la organización y la unidad" triunfaron.
Por su parte, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO, en inglés), Arturo Vargas, apuntó en otra declaración que esta decisión representa "un gran triunfo para la democracia", así como para la verdad y la justicia.
La controversia se remonta a comienzos del año pasado, cuando el Gobierno de Trump anunció su decisión de incluir en el censo una pregunta relativa al estatus legal de los encuestados, lo cual, según el Partido Demócrata, podría llevar a miles de indocumentados a no participar en la consulta.
El Ejecutivo sostenía que esta pregunta es fundamental para entender mejor la composición de la población, pero la oposición y diversas organizaciones sociales han apuntado que, en realidad, solo serviría para restar visibilidad a la comunidad inmigrante, lo que podría tener un efecto negativo en la oferta de servicios públicos.
Asimismo, la intención del Gobierno de incluir dicha pregunta ha desatado el temor de la comunidad inmigrante a que la información pueda ser enviada a las autoridades migratorias, que tienen el poder de repatriarlos a sus países de origen.
En enero, a raíz de una demanda presentada por grupos de activistas, un juzgado de Nueva York rechazó la propuesta, pero el Gobierno optó por elevar la cuestión al Tribunal Supremo, que en febrero aceptó pronunciarse sobre el caso.
Sin embargo, la polémica vivió un nuevo episodio en las últimas semanas después de que saliera a la luz un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo esa pregunta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.
La respuesta de la Administración fue desmarcarse de dicho informe -que salió a la luz tras ser hallado por su propia hija, Stephanie Hofeller Lizon, entre los papeles del estratega tras su muerte- y negar su conocimiento sobre la existencia del mismo.
