El Estado de Francia fue obligado por la justicia de ese país a indemnizar a
Salah Abdeslam, detenido por su presunta participación en los atentados ocurridos en París el 13 de noviembre de 2015 que dejaron 131 muertos, por haberlo sometido a una videovigilancia las 24 horas del día en su celda, acción considerada ilegal en ese momento.
Así lo reveló la periodista francesa Elsa Vigoureux en su reciente libro "Le Journal de Frank Berton", cuyo contenido ha sido replicado por distintos medios locales. Es ahí donde se cuenta cómo Francia trató la detención del que fuera el hombre más buscado del país.
De acuerdo al texto, tras la detención de Abdeslam en Bruselas y su posterior traslado a Francia en abril de 2016, el entonces ministro de Justicia,
Jean-Jacques Urvoas, decidió instalar cámaras de video en las celdas de aquellos presos en situación de aislamiento, con el argumento de controlar al reo sin interrupción y así
evitar una evasión o suicidio.
Tras esto, el abogado de Abdeslam, Frank Berton, interpuso una demanda ante la justicia al señalar que este acto constituía una violación grave de la libertad individual y la vida privada del detenido. La acción judicial fue rechazada primero por el Tribunal Administrativo de Versalles y luego por el Consejo de Estado.
Mientras tanto, el Ministerio de Justicia advertía que la videovigilancia no se sustentaba en ninguna ley, por lo que preparó un proyecto que fue adoptado en julio de 2016.
Con todo, Berton presentó un nuevo recurso que sí funcionó, luego de que en marzo de 2017 el mismo Tribunal Administrativo de Versalles condenara al Estado a pagar 500 euros (unos 383 mil pesos chilenos) a Abdeslam, porque cuando se le aplicó la medida de videovigilancia ésta todavía no era legal.
De acuerdo con el libro, el detenido supo de esta decisión mucho tiempo después, cuando desde la administración penitenciaria le preguntaron si tenía una cuenta corriente bancaria para que el Estado le pudiera transferir los 500 euros. Sin embargo, él rechazó la indemnización.
