A la espera de que la ONU abra una investigación sobre la guerra contra las drogas, el Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, instó este lunes al Congreso a reinstaurar la pena capital como castigo a crímenes relacionados con drogas y corrupción.
"Solicito respetuosamente al Congreso que restablezca la pena de muerte para crímenes atroces relacionados con drogas y saqueo de fondos públicos", apuntó el mandatario en su discurso anual sobre el estado de la nación, en una sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado que inaugura el curso parlamentario.
"Las drogas no serán aniquiladas a menos que logremos eliminar la corrupción, que permite que ese monstruo social sobreviva", advirtió en su discurso de más de una hora y media Duterte, que
ha llegado a la mitad de su mandato con un apoyo del 85%.
A pesar de su retórica beligerante hacia la corrupción, varios legisladores considerados aliados de Duterte, presentes en el acto, se han visto salpicados por ese tipo de escándalos, o incluso han sido procesados por ello.
Reimplantar la pena de muerte, que fue abolida en 2006, fue una de las promesas electorales del Presidente y un proyecto de ley al respecto pasó en la Cámara de Representantes, pero se enquistó en el Senado, la cámara legislativa tradicionalmente más independiente.
Sin embargo, con el nuevo Senado que salió de las elecciones de mayo, en las que los fieles de Duterte barrieron a la oposición, se espera que su agenda legislativa salga adelante sin obstáculos los tres años que le quedan al frente del país.
De hecho, entre los nuevos senadores se encuentra el ex jefe de la Policía, Roland "Bato" dela Rosa -arquitecto de los sangrientos operativos de la guerra contra las drogas-, quien se ha comprometido en sacar adelante la ley sobre la pena capital.
En los tres años que Duterte lleva al mando, esa campaña se ha cobrado la vida de
6.600 personas, según la Policía, aunque grupos de derechos humanos elevan la cifra a
27.000 muertos, que incluyen ejecuciones extrajudiciales a manos de agentes de la ley o asesinatos cometidos por vigilantes vecinales amparados en el clima de impunidad de la campaña.
Debido a esos abusos, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó a principios de este mes una resolución para investigar esa letal campaña, aunque el Gobierno ha asegurado que negará el acceso al personal de la ONU para tal fin.
Duterte no mencionó a la ONU, pero sí se refirió al examen preliminar que abrió hace más de un año la Corte Penal Internacional sobre la responsabilidad del Mandatario en posibles crímenes de lesa humanidad en esa campaña: "Proporcionarme una celda cómoda y visitas conyugales ilimitadas", afirmó con tono sarcástico y desafiante.
Además de la pena de muerte, la agenda legislativa de Duterte incluye otras polémicas propuestas -pendientes de debate en el Senado- como rebajar la edad de responsabilidad criminal de los 15 a los 12 años y recuperar el servicio militar obligatorio.
El Presidente también aludió en su largo discurso al conflicto con China en el Mar de China Meridional, en medio de un fuerte descontento social por su "pasividad" al reclamar los derechos de Filipinas sobre territorios de ese mar, reconocidos en 2016 en una sentencia de la Corte de Arbitraje de La Haya.
Se trata del atolón Scarborough y parte del archipiélago Spratly, ocupados por China, que mantiene el control militar y pesquero de aguas que son soberanía de Filipinas, cuyos pescadores a menudo son expulsados de esas aguas por patrulleros chinos.
"Evitar un conflicto armado en nuestras aguas nacionales nos obliga a realizar un delicado acto de equilibrio. La guerra deja viudas y huérfanos a su paso", indicó el Presidente, quien aseguró que Filipinas reclamará sus derechos "a su debido tiempo".
En paralelo al discurso anual del Mandatario, unos 35.000 detractores de Duterte -según los convocantes- protestaron en las calles de Manila contra sus formas autoritarias, las violaciones de derechos humanos y por su estrategia en el conflicto marítimo con China, su mayor aliado político y económico.
De hecho, en Manila la mayoría de las pancartas aludían a ese conflicto con dibujos de peces y barcos, los manifestantes iban vestidos de azul; la efigie de Duterte que se quemó -una tradición en estas manifestaciones- representaba el rostro del mandatario con escamas; e incluso desfiló una "Úrsula", en referencia a la villana de "La Sirenita".
"Nuestra Úrsula es una réplica del gobierno de Duterte. Cada uno de sus ocho tentáculos representa una de sus políticas que ha ido en detrimento de la vida de los filipinos: tiranía, asesinatos, violación de la soberanía territorial, cargos inventados contra disidentes, ley marcial, misoginia, ataques contra activistas e impunidad", explicó la activista Cristina Palabay.
Para evitar altercados durante las protestas, la policía desplegó 14.000 agentes por toda la ciudad y estaba en alerta total por amenaza terrorista, aunque la jornada se desarrolló sin incidentes.
