Por lo general, estudios internos y externos sobre seguridad y ciudadanía ubican frecuentemente a
Costa Rica en los primeros lugares de sus estadísticas, alejándolo de varios problemas que afectan a otras latitudes. El último
índice de Democracia posicionó a este país como la 20a mejor en el mundo; en el
Índice de Paz Global ostenta el puesto 33 y, en los primeros cuatro meses de este año, sus autoridades señalaron que los
homicidios se redujeron en un
21%. Pero, hace 15 años, esta nación presenció uno de los hechos más sangrientos de su historia y que tuvo directa relación con
Chile.
El 27 de julio de 2004, la embajada nacional en el país centroamericano sufrió un duro golpe. Su cónsul, Cristián Yuseff, junto a otros dos compatriotas, Roberto Nieto Maturana y Rocío Sariego, fueron asesinados en la sede diplomática. Además de ellos, estaba el cuerpo del autor de este macabro hecho,el policía José Orlando Jiménez, quien ejercía como guardia en el recinto.
Este suceso generó la conmoción en las autoridades de ambos países, que, transcurridos varios años del crimen, siguen sin saber los motivos que llevaron a Jiménez a cometer este hecho.
Sin saber el por qué
Luego de que supo la noticia, el Gobierno de Ricardo Lagos decidió decretar duelo oficial por 48 horas en medio del comienzo de las diligencias para explicar lo inexplicable. "Ocurrió un hecho trágico para Chile, lamentable, y como me ha expresado el Presidente de Costa Rica, un hecho que no refleja a ese país. (Costa Rica) es un país tranquilo, sereno y, lo que ha ocurrido sólo se explica a través del desvarío de una persona que pierde sus facultades mentales", dijo el Mandatario en aquella oportunidad.
El líder de la nación centroamericana de ese entonces, Abel Pacheco, también impuso tres días de duelo y ofreció "disculpas" a Chile por el hecho, señalando que era "imposible" saber lo que ocurrió. El asesinato tenía a ambas naciones unidas por el dolor y la incógnita por los motivos de Jiménez que, al día de hoy, sigue estando presente.
"Ocurrió un hecho trágico para Chile, lamentable, y como me ha expresado el Presidente de Costa Rica, un hecho que no refleja a ese país. (Costa Rica) es un país tranquilo, sereno y, lo que ha ocurrido sólo se explica a través del desvarío de una persona que pierde sus facultades mentales"
Ricardo Lagos
El cruento caso, además, generó la duda sobre si esto afectaría en las relaciones bilaterales, a lo que el entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, salió rápidamente a esclarecer que éstas no se verían afectadas.
Ni la familia del policía -quien, a pesar de dispararse luego de cometido el hecho, logró permanecer con vida por un lapso- entendía. Randall Jiménez, hijo del atacante, atinó a ofrecer "disculpas inmensas" en Radio Cooperativa, mientras que, poco después del crimen, el entonces embajador chileno en Costa Rica, Guillermo Yunge, explicó una posible razón al atentado.
En esa misma semana, a Jiménez se le comunicó que la Embajada había pedido su trasladado, debido a "fallas, fallitas" en sus labores, como fue dejar su puesto de seguridad para ir a conversar con otros efectivos policiales.
Búsqueda de culpable
Mientras se indagaban las causas, los cercanos a los fallecidos culparon a los distintos estados por la seguridad que entregaban al recinto. Sobre todo, luego de que se supiera que pasaron seis horas entre los disparos hasta el ingreso de la Fuerza Pública costarricense en las dependencias de la embajada.
La razón de esto se debió a que la policía local no podía ingresar sin un permiso a un recinto donde Chile ejerce soberanía, lo que mantuvo a Jiménez y a 10 rehenes -entre ellos los asesinados- dentro de la sede. Junto a esta restricción, también llamó la atención la ausencia de rejas o de mayores medidas de seguridad para evitar este tipo de incidentes.
10rehenes se consignaron en el atentado
Con estas informaciones, las familias afectadas no se quedaron tranquilas y demandaron al Estado chileno por considerarlo responsable del crimen, reclamando por "falta de servicio". La Corte Suprema, en diciembre de 2013 descartó su culpabilidad, aclarando que los guardias no podían portar armas en la sede diplomática, ya que "su acción era circunscrita solo al exterior".
Asimismo, el Ministerio de Seguridad Pública centroamericano, en 2006, entregó una indemnización económica a las familias, luego de que el Estado de Costa Rica asumiera la responsabilidad de lo sucedido.
"Lo triste es que este tipo de casos se solucionen con plata", dijo a La Nación de Costa Rica Jorge Sariego -padre de Rocío Sariego- quien señaló que, igualmente, interpuso otra demanda contra aquella nación "para que el tema no se agotara".
Además, cree que "no se ha averiguado de forma seria" y que "los crímenes siguen impunes". "Es una investigación que nadie quiso hacer a pesar de que hay gente capaz en Chile y Costa Rica, pero la desilusión no es ni con Costa Rica ni con Chile, pero sí hay una sensación de agravio por la actitud de la gente que estaba a cargo de ambos gobiernos", agregó.
Quince años después, la sede diplomática afectada ya no está en el mismo sitio, pero el recuerdo y la indignidad por lo sucedido se mantiene. Un hecho que convulsionó a dos naciones que ven casos como estos muy aislados y que no deja conforme a ninguna de las partes.
