Pedro Pierluisi aún no sabe si será gobernador.
AP
El futuro de Puerto Rico se encuentra sumido en la incertidumbre luego de que el Congreso postergara este jueves la votación sobre quién debe ser el nuevo gobernador de la isla tras la salida de Ricardo Rosselló, quien renunció en medio de masivas protestas.
Rosselló -quien debe dejar el cargo este viernes a las 17:00 horas- nominó el miércoles a Pedro Pierluisi, quien representó a la isla ante el Congreso en Washington, para reemplazarlo. Pierluisi es considerado por la mayoría de los puertorriqueños como una figura conciliadora y poco controversial que probablemente no sufrirá una continuación de las protestas contra la corrupción y la mala administración.
El ex congresista asumirá la gobernación si es confirmado por la Cámara de Representantes y por el Senado de la isla como secretario de Estado -como se conoce al puesto y que equivale al de vicegobernador-, lo que lo situaría como próximo en la línea de mando según la constitución puertorriqueña. El cargo está vacante actualmente y el
Partido Nuevo Progresista de Rosselló tiene mayorías en ambas cámaras de la Legislatura por lo cual si se une, podría fácilmente nombrar al nuevo gobernador.
No obstante, el principal obstáculo a este nombramiento parece ser el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, quien anunció que no votará por el nominado de Rosselló y que desea el cargo para sí mismo. El timonel de la Cámara Alta es una figura poderosa con estrechos lazos con la élite política y empresarial de Puerto Rico y su ascenso a la gobernación podría desatar nuevas protestas.
Poco después del inicio de la sesión senatorial este jueves, Rivera Schatz emitió fuertes cuestionamientos contra sus críticos y anunció que el Senado sostendrá una audiencia sobre Pierluisi el lunes.
Debido a que Pierluisi no ha sido confirmado,
no queda claro si reemplazará a Rosselló este viernes o si el cargo pasará a la próxima en la línea de sucesión, la secretaria de justicia
Wanda Vázquez, quien ha dicho que no lo desea. No obstante, en vista de este entuerto, la funcionaria recalcó que su renuncia no está contemplada y que "de llegar el momento,
asumiremos la responsabilidad que impone la Constitución y la Ley".
Algunos legisladores se han quejado sobre la labor de Pierluisi en un despacho legal que representa a la junta federal de control creada para supervisar las finanzas de Puerto Rico antes de que el territorio, abrumado por una deuda pública superior a los 70.000 millones de dólares, se declarara en una especie de bancarrota.
