"Vivimos una violencia tremenda". Así describen su día a día los vecinos de Altamira, una remota localidad en la Amazonía brasileña que pasó de ser un remanso de paz a convertirse en una de las ciudades más peligrosas del país, escenario esta semana de una sangrienta masacre carcelaria.
Muchos habitantes de este municipio de unos 100.000 habitantes tienen miedo de hablar y los que se atreven señalan a un responsable indirecto por el aumento de la violencia: la hidroeléctrica de Belo Monte, la tercera mayor en potencia del mundo tras la china de Tres Gargantas y la binacional brasileño-paraguaya Itaipú.
"Con este proyecto, desde hace seis años tenemos miedo hasta de nuestra sombra", afirma a Efe Mónica Brito, de 55 años, profesora de educación básica y miembro de movimientos populares en Altamira.
La central de Belo Monte (Foto: EFE).
La hidroeléctrica, que empezó a ser construida en 2011 sobre el río de Xingú y a operar parcialmente en 2016, se encuentra unos 60 kilómetros de distancia de Altamira, en cuya cárcel se registró el lunes una de las peores matanzas en la historia del sistema penitenciario brasileño.
El trágico suceso se produjo a raíz de una sangrienta pelea entre dos facciones criminales rivales, en el interior del Centro de Recuperación Regional de Altamira, con un saldo total de 58 presos muertos, de los cuales 16 fueron decapitados.
Después, cuatro presos que participaron en el ataque fueron asesinados por asfixia en un furgón penitenciario con otros 26 reclusos durante su transferencia a otro penal de la región.
"Con este proyecto, desde hace seis años tenemos miedo hasta de nuestra sombra"
Mónica Brito
Mónica ha residido prácticamente durante toda su vida en Altamira. Conoció, según narra, la Altamira, "pequeña", "calmada", donde uno "podía andar a cualquier hora" y ahora denuncia lo que define como una "violencia tremenda".
A su juicio, la construcción de la hidroeléctrica atrajo miles de trabajadores de diferentes partes de Brasil, pero, a medida que fueron concluyendo las obras, muchos de ellos perdieron su empleo y se afincaron en Altamira.
Los vecinos los llaman "los perdidos", y según ellos, algunos comenzaron a delinquir ante la falta de oportunidades y de políticas públicas para absorber ese incremento poblacional.
124,6homicidios por cada 100 mil habitantes registró Altamira en 2015
Altamira, en el estado de Pará, llegó a liderar la clasificación de las ciudades más violentas de Brasil en 2015 con una tasa de
124,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, según un informe con datos oficiales de 2017. Una década atrás, el municipio ni siquiera aparecía en esa lista negra.
Con el aumento de los índices de criminalidad, las cárceles empezaron a llenarse, cuentan los vecinos. Claro ejemplo es la prisión donde ocurrió la matanza del lunes, donde estaban 343 reclusos, más del doble de su capacidad, que solo llega a 163 plazas, según datos del Consejo Nacional de Justicia.
La empresa se desmarca
Alailson Araujo Silva, de 29 años, es uno de los que trabajó en las obras de Belo Monte y se quedó. Consultado sobre la hidroeléctrica, sus sentimientos son encontrados. "Belo Monte ayudó a mucha gente, pero también perjudicó a muchos. Ayudó en la parte financiera, mucha gente tiene una casa buena, un auto bueno, es dueño de su propio negocio (...) Pero otras personas, como indígenas y colonos, perdieron sus tierras, no fueron indemnizados y surgió el aumento de la violencia", explica a Efe.
Relata que a medida que las obras fueron concluyendo, la ciudad se fue deteriorando. "Las personas se quedaron sin trabajo y
algunos emprendieron el peor camino posible. Ahí la cárcel se llenó, sin estar en buenas condiciones porque el Gobierno (de Pará) no atiende", amplía.
"Creo que Altamira, después de la represa fue olvidada", sentencia para asegurar después que "entre 10 y 20" personas son asesinadas por mes en la ciudad, muchos por la guerra abierta que mantienen diferentes facciones criminales por el control del tráfico de drogas.
El consorcio Norte Energía, responsable de la construcción y operación de Belo Monte, rechazó "con vehemencia" este jueves en un comunicado que se le culpe de la masacre carcelaria. Asimismo, indicó que cualquier tipo de vinculación busca "dañar su imagen", así como los "beneficios" del proyecto generados para "Altamira, para la región y para el país".
La empresa citó los trabajos realizados por el "control de la malaria, la evolución de la calidad de vida de las familias que salieron de palafitos para residir en casas construidas en barrios con pavimentación asfaltada, saneamiento básico, escuelas, unidades de saluda y áreas de ocio".
"Creo que Altamira, después de la represa fue olvidada"
Alailson Araujo Silva
Por otro lado, fuentes de Norte Energía señalaron a Efe que aún está en construcción una cárcel en
Vitória do Xingu, unos 50 kilómetros de distancia de Altamira, que se comprometió a erguir como medida compensatoria en el ámbito del licenciamiento ambiental necesario para Belo Monte.
La construcción de la hidroeléctrica, que fue posible gracias a una inversión de 26.000 millones de reales (hoy unos 6.765 millones de dólares), estuvo marcada por fuertes protestas de ambientalistas, pescadores e indígenas y, más tarde, fue abierta una investigación en el marco de una trama corrupta que supuestamente pagó sobornos a políticos a cambio del aval para la concesión de la misma.
