El líder de la oposición conservadora canadiense, Andrew Scheer, anunció el lunes que pidió a la policía que inicie una investigación criminal sobre el Primer Ministro Justin Trudeau, luego de que un informe oficial lo acusara de violar la ley sobre conflictos de intereses.
Scheer, que buscará suceder a Trudeau en las elecciones nacionales de octubre, escribió a la Real Policía Montada de Canadá (RPMC, policía federal) para sugerirle que investigue una posible "obstrucción a la justicia" del Mandatario.
El comisionado de Ética
Mario Dion, un alto funcionario independiente, concluyó el miércoles que Trudeau violó la ley de conflicto de intereses al presionar a su fiscal general,
Jody Wilson-Raybould, para que intercediera a favor de una empresa de Quebec, SNC-Lavalin, a fin de evitar un juicio penal por corrupción.
"Sabemos que ha violado la ley" sobre conflictos de intereses, dijo el líder del partido conservador en una conferencia de prensa. "Ahora debemos saber si ha cometido un delito".
A fines de la semana pasada, Wilson-Raybould indicó que la RPMC la había contactado a principios de este año en relación con este caso.
"A la luz de los hallazgos del comisionado de Ética y las revelaciones sobre el involucramiento previo de la RPMC, solicité formalmente a la RPMC que reconsiderara este caso", dijo Scheer.
El informe del Comisionado de Ética tuvo un efecto explosivo en Canadá a dos meses de las elecciones legislativas, para las cuales liberales y conservadores corren parejo.
El líder conservador ya había pedido una investigación de la RCMP cuando estalló el escándalo de SNC-Lavalin en febrero pasado, sin éxito.
Trudeau asumió haber cometido "errores" en este caso, pero siempre negó haber actuado de manera inapropiada, destacando las numerosas pérdidas de empleos que tendría una posible condena contra la empresa, que la privaría de lucrativos contratos públicos durante 10 años.
SNC-Lavalin, una de las principales firmas de ingeniería en el mundo y que emplea a unas 9.000 personas en Canadá, fue acusada en 2015 de pagar unos 35 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2011 para obtener contratos en Libia, bajo el régimen de Muamar Gadafi.
Wilson-Raybould se negó a pedirle a los fiscales que persiguieran el caso, y un juez dictaminó en mayo que había pruebas suficientes para proceder a un juicio. Pero después de renunciar, la fiscal general dijo que había sentido una presión política "constante" para interferir en el caso, incluyendo "amenazas veladas".
