La Corte Suprema de Brasil negó este lunes un recurso interpuesto por Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis, también ex futbolista, para la devolución de sus pasaportes, que fueron retenidos por orden judicial hasta que los implicados paguen una multa por daños medioambientales.
La magistrada Rosa Weber, del Supremo Tribunal Federal (STF) e instructora del caso, descartó el "abuso de autoridad" en la decisión judicial de un tribunal del sureño estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina y Uruguay, que ordenó la retención de los documentos para evitar una huida al exterior.
La justicia regional determinó en 2015 aplicar una multa por daños ambientales debido a la construcción ilegal, por parte de Ronaldinho y de su hermano, de un depósito portuario, con muelle para pequeñas embarcaciones y plataforma para la pesca, en un área de preservación ambiental en el Lago Guaíba, ubicado en Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul.
Hasta el año pasado, la multa ascendía a
8,5 millones de reales (unos 2,1 millones de dólares).
En julio, Ronaldinho presentó un recurso ante la máxima corte alegando el "derecho de trabajar" y en su argumento justificó la devolución del documento para poder viajar al exterior, donde suele ser invitado para eventos y afirmó que esa es su principal fuente de renta desde que dejó el fútbol activo.
Su hermano, quien fue siempre su representante deportivo, es también el empresario que cuida de los contratos para eventos del ex jugador del Barcelona de España, Milán de Italia y el francés París Saint-Germain, entre otros equipos.
El ex jugador de la selección brasileña relató en su pedido que fue amenazado por un empresario en Indonesia de procesarlo judicialmente por un contrato firmado para un evento que ha sido postergado en reiteradas ocasiones por la falta del pasaporte para poder viajar.
El presidente del STF, José Antonio Días Toffoli, después de una negativa inicial a la solicitud por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ), segunda corte en jerarquía del país, remitió un parecer de la Procuraduría General de la República (PGR) para que Weber, instructora del caso en el supremo, tomase la decisión.
