Un juez mexicano absolvió a uno de los principales acusados de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, Gildardo López Astudillo.
Conocido con el apodo de "El Gil", a López Astudillo lo consideraban las autoridades como un personaje que jugó un rol central en la desaparición de los estudiantes la noche del 26 de septiembre del 2014, en Iguala, en el sureño estado de Guerrero.
El juez desestimó 81 pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía) y con base en el resto de evidencia, se ha considerado que no había elementos para condenarlo.
Con la liberación de López Astudillo, suman ya 44 los acusados que han sido liberados por su vinculación con el caso de Ayotzinapa, por cargos sustentados en lo que el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto defendió como la verdad histórica.
Su relación con el caso
La última versión respecto al caso asegura que los estudiantes fueron detenidos la noche del 26 de septiembre por policías del municipio de Iguala, quienes los entregaron al grupo criminal Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron para después tirar sus restos a un río de la zona.
"El Gil" había sido señalado como el vínculo entre la directiva de los Guerreros Unidos y sus bases en la región de Iguala y fue quien supuestamente dio aviso al líder de esta banda de la presencia de los estudiantes la noche de su desaparición.
En un mensaje de texto que presuntamente envió a su jefe, Sidronio Casarrubias, "El Gil" dijo que nunca encontrarían a los estudiantes porque los habían convertido en polvo.
La reciente decisión del juez cierra el expediente de acusaciones contra "el Gil", quien fue liberado el sábado pasado del penal de alta seguridad de El Antiplano, en el central estado de México, confirmó el medio mexicano Vanguardia.
Sin embargo, la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa continúa generando dudas, especialmente porque a cinco años desde el suceso no hay ninguna persona sentenciada.
Cuestionamientos
Un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo un año investigando el caso y sostuvo la imposibilidad de que los 43 cuerpos fueran quemados en el vertedero.
Además, desveló fallas en las pesquisas, y sacó a la luz que parte de la versión oficial se basaba en
testimonios de detenidos torturados. De hecho, a fines de junio pasado trascendió un video donde se observa a uno de los detenidos, Carlos Canto, siendo torturado durante un interrogatorio con policías de investigación de la fiscalía.
Durante el actual gobierno del Presidente, Andrés Manuel López Obrador, el caso fue reabierto y se estableció un grupo especial para investigarlo. No obstante, desde la entrada del nuevo fiscal y la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa no se ha presentado una sola prueba nueva.
De todas formas, en abril recién pasado, el Ejecutivo firmó un convenio con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que esta entidad asesore a la Comisión de Verdad para esclarecer el caso.
Según cifras oficiales, actualmente hay al menos 40.000 desaparecidos en México, 26.000 cuerpos sin identificar en morgues y 1.300 fosas clandestinas.
