El Tribunal de Sesiones de Edimburgo, Escocia, determinó este miércoles que la decisión del Primer Ministro de Reino Unido, Boris Johnson, de suspender la actividad parlamentaria hasta poco antes de la fecha límite del Brexit es completamente legal.
El juez Lord Raymond Doherty afirmó que la acción del Gobierno británico "no contraviene la ley", porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes "es un poder reservado al Ejecutivo".
La corte civil de mayor rango de Escocia se pronunció así sobre la
demanda presentada por un grupo de más de 70 diputados británicos, que el mes pasado pidió que se estableciera si era legal o no el clausurar la Cámara de los Comunes para evitar que los detractores de un Brexit sin acuerdo puedan frenarlo.
Durante la lectura de su veredicto, el magistrado señaló que no está convencido de que la cuestión sea "justiciable", es decir, que la acción del Gobierno pueda en este caso ser llevada ante los tribunales, ya que, según dijo, "el Ejecutivo rinde cuentas ante el Parlamento".
Es una "decisión política", señaló y añadió que, tomando en cuenta "la separación de poderes", no era voluntad del tribunal "interferir" en la labor gubernamental.
Lord Doherty concluyó destacando que rechaza así la petición de los demandantes que pretendían que el caso fuese tildado de "ilegal" y "anticonstitucional" y que ya han anunciado que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo británico, que podría celebrar una audiencia el 17 de septiembre.
La diputada del Partido Nacionalista Escocés (SNP) Joanna Cherry, que lideró la demanda, afirmó en Twitter que considera que el juez "ha cometido un error de ley en este punto y en otros" y confirmó que los demandantes buscarán "apelar de inmediato".
Entre los firmantes de esta demanda se encuentran también la líder de los Liberales Demócratas, Jo Swinson, varios parlamentarios laboristas e independientes y el activista Jo Maugham, de la asociación contraria al Brexit "The Good Law Project", quien estuvo presente durante la lectura del dictamen judicial.
Johnson consigue así su primera victoria judicial, con lo que, por el momento, el Parlamento permanecerá cerrado entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, dejando así poco margen de maniobra a los diputados contrarios a una salida de la UE sin acuerdo.
Sin embargo, todo podría cambiar ante la posibilidad de que Johnson convoque elecciones generales anticipadas, si los parlamentarios entorpecen hoy su plan para abandonar el bloque comunitario aprobando una ley que impida hacerlo sin ningún tipo de pacto.
