El Tribunal Superior de Londres desestimó este viernes la demanda presentada por la empresaria Gina Miller contra la suspensión excepcional de las sesiones parlamentarias dictada por el primer ministro, Boris Johnson.
Los jueces autorizaron sin embargo que los demandantes recurran al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que analizará el caso el próximo 17 de septiembre.
Al término de la vista,
Miller dijo estar "decepcionada" por la decisión de la corte, aunque celebró la posibilidad de recurrirla e insistió en que "es crucial que el Parlamento esté abierto" en estos momentos críticos para el país.
Junto con el ex primer ministro conservador John Major, la activista alega que es inconstitucional la inusual suspensión del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre decretada por Johnson, en su intento por ejecutar el Brexit sin oposición en la fecha prevista del 31 de octubre.
Los magistrados del Superior indicaron que la semana próxima precisarán las razones de su negativa a aceptar la demanda a trámite.
Este no es el único contencioso planteado en el Reino Unido contra la polémica decisión del jefe del Gobierno, que llegó al cargo sin pasar por las urnas el pasado julio con el principal objetivo de sacar al país de la Unión Europea (UE).
El pasado miércoles, el Tribunal de Sesiones de Edimburgo (Escocia) concluyó que la decisión gubernamental se ajusta a la ley, si bien los diputados que impulsaron la demanda allí han anunciado que recurrirán el fallo.
El juez Raymond Doherty de la corte escocesa explicó al emitir su dictamen que la acción del Gobierno "no contraviene la ley" porque la potestad de suspender la Cámara de los Comunes "es un poder reservado al Ejecutivo".
Hay en marcha además un proceso en Irlanda del Norte, promovido por el activista Raymond McCord, que cuestiona la legalidad del cierre del Parlamento así como la posibilidad de una salida brusca del bloque europeo el 31 del mes próximo.
