El Gobierno presidido por Daniel Ortega prohibió el sábado la entrada a Nicaragua a una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que iba a visitar la región para buscar una salida a la crisis política que vive el país desde abril de 2018.
"No está autorizado el ingreso a Nicaragua ni podrán ser abordados en sus aerolíneas con destino a Nicaragua", precisa una circular en la que aparecen los nombres de los representantes de la OEA que iban a visitar el país este lunes, así como el del jefe del gabinete del Secretario General de la OEA, Gonzalo Koncke y el del responsable de prensa de la organización, según ha informado el diario nicaragüense 'La Prensa'.
El coordinador de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, Carlos Tünnermann, no entiende por qué el Gobierno de Ortega ha bloqueado la entrada de esta delegación ya que "es una misión de buenos oficios" y considera que "negarse a recibir a esta comisión quiere decir que el Gobierno no tiene la apertura".
"Sería para el Gobierno de Nicaragua proyectar una mala imagen, que se cierra a la posibilidad de encontrar salida a la crisis de una manera negociada, que es lo que están pidiendo todos los sectores", ha precisado.
El pasado mes de junio, la OEA hizo un llamamiento sobre "la urgente necesidad de restablecer plenamente las libertades en Nicaragua, incluyendo los derechos a la vida, la libertad, la libre expresión y el derecho de asociación y manifestación, entre otros".
Crisis en Nicaragua
La crisis estalló en el país en abril de 2018 por las protestas contra una polémica reforma de la seguridad social, que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. En febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Sin embargo, en mayo se suspendió de nuevo por acusaciones cruzadas de incumplimiento.
La Alianza Cívica había exigido al Gobierno que cumpliera su promesa de liberar a todos los presos políticos antes del 18 de junio. El Gobierno ha excarcelado a cuentagotas a unos 200 bajo la modalidad de "casa por cárcel", es decir, bajo una especie de arresto domiciliario.
