Una de cada cinco personas ha sufrido extorsión sexual o conoce a alguien que haya sido víctima de ella en América Latina y el Caribe, según constató la organización Transparencia Internacional, que subraya que la corrupción avanza y vulnera los derechos de los ciudadanos ante unas autoridades impasibles y poco eficaces.
El Barómetro Global de la Corrupción, un informe anual confeccionado a partir de entrevistas realizadas con 17.000 ciudadanos de 18 países de la región, pone de manifiesto que "más de la mitad" (un 53%) de los ciudadanos cree que la corrupción está empeorando en su país y que sus gobiernos hacen "un mal trabajo" para combatirla, pecan de falta de integridad y de laxismo.
Por ejemplo, según la ONG, el 91% de los venezolanos "sostiene que su gobierno está fracasando en la lucha contra la corrupción", al igual que el 79% de los panameños y el 72% de los dominicanos.
En el caso chileno, el informe detalla que un 54% de los encuestados cree que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses y un 67% cree que el Ejecutivo actúa mal en el combate contra la corrupción.
Como novedad, el informe quiso este año explorar la vertiente de género en la corrupción y concluyó que muchas mujeres se ven obligadas a prestar favores sexuales para poder acceder a servicios públicos como la atención médica y la educación. Según el documento, el 71% de los sondeados afirmó que se trata de un fenómeno que ocurre, al menos, de forma ocasional.
Los países con mayor proporción de casos reportados fueron Barbados (30%) y Guatemala (23%). En territorio nacional, el sondeo arroja que un 13% reportó haber sufrido un extorsión sexual o conoce a alguien a quien le ocurrió.
Ante esta situación, la organización instó líderes políticos a "reconocer y abordar las formas de corrupción que afectan principalmente a las mujeres" y a aplicar el Compromiso de Lima sobre la corrupción, adoptado en 2018.
Sobornos y compra de votos
En total, un 85% de la población de América Latina y el Caribe califica la corrupción de "gran problema", mientras que solo el 13% la ve como un problema menor. "La ciudadanía tiene derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra", señaló Patricia Moreira, Directora General de Transparencia Internacional.
La organización ha investigado también los sobornos a la hora de acceder a servicios elementales como la atención médica o la realización de un documento de identidad, por ejemplo. Del total de las personas encuestadas, un 21% pagó un soborno para obtener estos servicios.
Estas prácticas opacas ganan fuerza en época de elecciones, donde la compra de votos es una práctica habitual en gran parte de los países sondeados. Según Transparencia Internacional, a
una de cada 4 de las personas encuestadas le ofrecieron un soborno durante elecciones nacionales, regionales o locales. Un hábito que suele combinarse con amenazas para que el electorado vote de una determinada manera.
En México, la mitad admitió haber recibido un soborno a cambio de su voto, la cifra más alta de la región. Chile, en tanto, se posiciona en el onceavo lugar con un 19% de los encuestados aseverando haber recibido coimas a cambio de votos.
Desconfianza
Este tipo de prácticas contribuyen a extender la desconfianza hacia las administraciones públicas, hasta el punto de que el 65% considera que su gobierno está a merced de intereses privados. Solo uno de cada tres confían en la Policía y el dato es incluso inferior cuando se pregunta por los tribunales (27%) o el Gobierno (21%).
"Muy a menudo, presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar", denunció Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparencia Internacional.
En orden, Venezuela, Panamá, República Dominicana, Argentina y Chile son los países con los gobiernos peor valorados en materia de lucha contra la corrupción. En Venezuela, donde el 87% de los encuestados sostuvo que la corrupción había aumentado en su país en los últimos años, el 90% afirmó tener poca o ninguna confianza en la Justicia y en la policía. En Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá y Perú ocurre lo mismo: el 90% de la población aseguró no confiar en esas instituciones.
En Chile, un 55% de los encuestados cree que la oficina del Presidente es una institución corrupta, mientras que un 65% considera lo mismo pero en relación a los miembros del Parlamento. Ambas entidades son las dos peores evaluadas por los encuestados y, en los dos casos, se registra un aumento en el número de personas que desconfía de ellas (desde un 46% y 62%, respectivamente) en relación a 2017.
Represalias
El problema, recuerda la ONG, es que la gran mayoría de los ciudadanos no conoce sus derechos, a lo que se añade el temor a sufrir represalias si denuncian los casos de corrupción, algo que le sucede al 73% de los encuestados.
En algunos países se duda también sobre la eficacia de las denuncias. Mientras que en Brasil el 57% de la población cree que la denuncia puede servir para que se tomen medidas, en Venezuela solo un 19% cree que puede ser eficaz.
Aun así, el 77% de los ciudadanos defiende que denunciar los hechos puede influir positivamente en la lucha contra la corrupción, por lo que Transparencia Internacional instó a los gobiernos a "canalizar la energía positiva" para "empoderar a la población".
