La delegación enviada por el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, a la 74ª Asamblea General de la ONU, le pidió a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que cree "una comisión de investigación que castigue" a los responsables de las violaciones recogidas en su reciente informe sobre Venezuela.
Bachelet se reunió este lunes en Nueva York con la delegación que envió Guaidó -conformada por Julio Borges y Carlos Vecchio- para que lo represente en la cita anual en Naciones Unidas, a la que optó por no acudir personalmente. Precisamente, la ex Presidenta chilena aclaró horas antes que, para la ONU, el "presidente legítimo" de Venezuela es Nicolás Maduro, no el líder opositor.
"Es fundamental que se cree una comisión de investigación que castigue cada una de las denuncias del informe que usted presentó sobre Venezuela.
No podemos permitir más impunidad, los crímenes de la dictadura de Maduro deben ser juzgados", ha dicho Julio Borges, el responsable de la política exterior de Guaidó, según ha informado en un comunicado la 'embajada' en Washington.
Borges indicó que hay un "absoluto consenso en la región" sobre la necesidad de que el llamado informe Bachelet contribuya a la denuncia presentada el año pasado por seis países -Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú- ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el Presidente venezolano por crímenes de lesa humanidad, que actualmente está en la fase de "examen preliminar".
Por su parte, Carlos Vecchio, embajador designado por Guaidó en Estados Unidos, explicó a Bachelet la causas por las que la última tentativa de diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela, desarrollada entre mayo y agosto en Oslo y Barbados, naufragó. "Hicimos una propuesta sensata", pero "es imposible negociar con quien no quiere", señaló.
Grupo de Lima apoya nuevas sanciones
Por su parte, este lunes también se reunió el llamado Grupo de Lima, el cual expresó su disposición a adoptar más sanciones u "otras medidas" para provocar la caída del Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, siempre que no impliquen el uso de la fuerza, una opción que sí contempla el TIAR o Tratado de Río, cuyos estados miembro se reunirán en las próximas horas para decidir sobre su activación para el caso venezolano.
Los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, así como la delegación enviada por Guaidó se reunieron en el marco de la 74ª Asamblea General de la ONU, que se celebra esta semana en Nueva York.
En un comunicado conjunto, expresaron su "disposición de
adoptar nuevas sanciones u otras medidas económicas y políticas contra el régimen de Maduro, orientadas a favorecer el restablecimiento, sin el uso de la fuerza, del Estado de Derecho y el orden constitucional y democrático en Venezuela".
A este respecto, se comprometieron a promover "la investigación, captura y sanción de funcionarios y testaferros del régimen ilegítimo de Maduro involucrados en actividades de apoyo a grupos armados y organizaciones terroristas, así como en actos de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y violaciones de los Derechos Humanos".
En concreto, han querido reiterar su rechazo a "los crecientes vínculos del régimen de Maduro con grupos armados al margen de la ley y al amparo que otorga a la presencia de organizaciones terroristas y grupos armados ilegales en territorio venezolano, lo que representa una clara amenaza a la paz, la estabilidad y la seguridad de la región".
Además, ratificaron su reconocimiento a Guaidó y a la Asamblea Nacional que preside "como autoridades legítimas y democráticamente electas", al tiempo que criticaron "los reiterados y sucesivos bloqueos del régimen ilegítimo y dictatorial de Maduro a los procesos de negociación con las fuerzas democráticas (...) de Venezuela para alcanzar una salida política a la grave crisis que padece dicho país".
