El Tribunal Supremo español avaló este martes el plan del Gobierno español para exhumar los restos de Francisco Franco y trasladarlos a un cementerio próximo a Madrid, en contra de los deseos de la familia.
Franco está enterrado desde su muerte en 1975 en el monumento del Valle de los Caídos, que él mismo ordenó construir, y sus nietos querían que, en caso de exhumación, fuera inhumado de nuevo en la catedral de La Almudena, en el centro de Madrid.
Fuentes jurídicas indicaron a Efe que la sección del Supremo que estudió el caso rechazó en su totalidad el recurso que los nietos del dictador habían presentado contra el acuerdo del Gobierno del pasado 15 de marzo que fijaba la exhumación para el pasado 10 de junio, fecha que debió posponerse.
El Gobierno del socialista Pedro Sánchez tomó la decisión de exhumar los restos del dictador en aplicación de la ley española de la Memoria Histórica, que prohíbe homenajear y exaltar la dictadura franquista (1939-1975).
La decisión del Ejecutivo establecía la inhumación en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, un vecindario a las afueras de Madrid donde ya está enterrada desde 1988 la esposa de Franco. En El Pardo se encontraba la residencia donde vivió el dictador hasta su muerte.
El fallo del Supremo, que se hará público en los próximos días, rechaza también la petición de la familia Franco para que, si se autorizaba la exhumación, los restos fueran enterrados en la catedral de Madrid, donde la hija de Franco compró en 1987 una sepultura para varios cuerpos.
La posición del Gobierno, que finalmente recibió el apoyo de los magistrados, rechazaba esa pretensión debido a motivos de seguridad, ya que consideraba que la posibilidad de que Franco recibiera homenajes en pleno centro histórico de Madrid podría generar incidentes.
Sin embargo, la inhumación de Franco afronta un último escollo judicial, ya que un juez de Madrid suspendió de forma provisional la licencia de obras del Municipio de San Lorenzo de El Escorial (municipio donde está el Valle de los Caídos) para levantar la losa de la tumba del dictador.
Ese juez aceptó a trámite una petición particular que argumentaba que levantar la losa, de dos toneladas de peso, podría suponer un peligro para los operarios.
