Un punto común en todas las protestas es la corrupción, ya que los manifestantes denuncian que el nuevo Código Penal es demasiado indulgente con lo corruptos y además exigen que se revoquen los recientes cambios en la ley que regula a la comisión anticorrupción (KPK), que socavan las competencias del organismo que ha investigado a cientos de políticos.
Sin embargo, las prioridades de los manifestantes varían en las diferentes islas del archipiélago, debido a las enormes desigualdades entre centros económicos y demográficos, como las islas de Java y Sumatra, y zonas más remotas, como Papúa o Borneo.
Aunque la controvertida revisión del Código Penal afecta desde la salud reproductiva hasta los insultos al presidente, en Java la corrupción es uno de los asuntos principales, mientras que en Borneo lo son los devastadores incendios forestales que asolan la isla.
El Parlamento tenía previsto aprobar el pasado martes la primera revisión exhaustiva del Código Penal desde que fue introducido en 1918 por Holanda, a la sazón potencia colonial que gobernaba el archipiélago, pero las protestas obligaron al presidente Widodo a prorrogar el periodo de deliberación.
El borrador del documento legal cuenta con 628 artículos y castiga el sexo y la cohabitación fuera del matrimonio, la difusión de información sobre anticonceptivos, el aborto, además de ampliar y endurecer la leyes contra la blasfemia, la difusión de la ideología comunista o el adulterio.
Diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado casi una veintena de artículos o grupos de artículos de la reforma y advierten de que varios de ellos ponen en riesgo los derechos de las mujeres, las minorías religiosas o la comunidad LGBT.
Desde el pasado martes, decenas de miles de indonesios han salido a las calles de localidades de todo el archipiélago, con las cámaras legislativas nacionales y locales como foco de las protestas, y aunque éstas han comenzado cada día de forma pacífica, a menudo han desembocado en enfrentamientos violentos con la policía.
Han fallecido tres jóvenes durante los disturbios, uno en Yakarta, a causa de una insuficiencia respiratoria, y otros dos en la isla de Célebes, de un disparo en el pecho y por una contusión grave en el cráneo, según la Policía.
A los universitarios se han sumado grupos islámicos, religión que practica el 88% de los más de 265 millones de habitantes de Indonesia y que en el pasado han demostrado su capacidad masiva de movilización e influencia política.
El Gobierno ha reaccionado defendiendo la libertad de expresión de los universitarios, pero ha advertido de que no tolerará "actos anarquistas", que según el ministro de Seguridad, Wiranto, están orquestados por grupos que se oponen a la segunda investidura del presidente Widodo en octubre, tras su victoria electoral el pasado 17 de abril.
El mandatario, de origen humilde y que ganó sus primeras elecciones en 2014 con una imagen de hombre cercano al pueblo, anunció el jueves que estudiaría revocar la reforma del Código Penal y ha reivindicado su defensa de los derechos fundamentales de los indonesios, pero su imagen de político ajeno a las élites se está resintiendo.