La disolución del Congreso peruano anunciada este lunes por el Presidente Martín Vizcarra, fue recibida con marchas de apoyo en varias ciudades del país, como muestra espontánea de respaldo a la medida del Mandatario.
Las primeras movilizaciones de grupos civiles, políticos y juveniles se concentraron en la céntrica Plaza San Martín, en el casco histórico de Lima, y se desplazaron hacia el Palacio Legislativo.
Las banderas nacionales con los colores rojo y blanco, carteles que
reclamaban el "cierre del Congreso" y banderolas del partido izquierdista Nuevo Perú eran portados por los manifestantes que saludaron la decisión de Vizcarra.
En tanto, la policía montada y camiones antimotines intentaban impedir el acceso de cientos de manifestantes al Parlamento, que llegaban lanzando el lema "Sí, se pudo".
Por su parte, en la andina ciudad de Arequipa, a 1.030 kilómetros al sur de Lima, diversos grupos políticos, agricultores y pobladores marcharon por el centro de la urbe para celebrar el cierre del Parlamento con carteles que reclamaban que el Legislativo "no nos representa".
De igual forma, la población se movilizó en las ciudades de Cusco, Huancayo, Huaraz, Chimbote, Tacna, Puno y Moquegua, la región natal de Vizcarra que extendió una enorme bandera del Perú en una de sus calles principales para apoyar la medida presidencial.
"Cerraron el Congreso, triunfo popular", gritaban los manifestantes en las calles en Chimbote, al norte de Lima, portando igualmente banderas peruanas.
Vizcarra tomó la decisión después de que el Congreso lo desafiara y eligiera a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional (TC) sin discutir la cuestión de confianza presentada por el Ejecutivo para intentar detener ese proceso.
El Mandatario afirmó que el cierre del Parlamento que dispuso "está dentro de las facultades contenidas" en la Constitución y que "busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades".
Tras el anuncio de Vizcarra, la junta de portavoces del Parlamento discutía la forma de tramitar un pedido de destitución del mandatario, propuesto por la fujimorista Fuerza Popular, por supuesta incapacidad moral permanente.
