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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:09
Las protestas son alentadas desde organizaciones sindicales y de oposición, a las que se sumaron colectivos indígenas y universitarios, tras un discurso a la nación hecho la semana pasada por el Presidente Lenín Moreno, en que anunció —después de meses de espera— un conjunto de medidas para reducir el gasto público e incrementar los ingresos del Estado.
Ese paquete ha incluido la eliminación de los históricos subsidios a la gasolina, lo que ha generado que transportistas, taxistas y otros afectados bloquearan hoy las calles y carreteras por todo el país. También ha habido enfrentamientos entre manifestantes y Policía en el casco histórico de Quito.
En marzo pasado Ecuador aceptó una línea gradual de crédito por valor de US$10.200 millones de varias instituciones financieras internacionales, entre ellos, US$4.200 millones del FMI.
Esta entidad le fijó a Ecuador un calendario de reformas a cambio del dinero prestado, que incluía la reducción del gasto público, un incremento de ingresos y una reforma laboral que aliente la productividad. Los ecuatorianos llevaban esperando lo que comúnmente denominan "paquetazo" desde hace meses.
Después de meses en los que ha habido una ola silenciosa de despidos en el aparato del Estado para desinflar la administración dejada por su predecesor, Rafael Correa, Moreno anunció finalmente el conjunto de medidas a aplicar, que incluía el final de los subsidios a la gasolina, una subida de impuestos a las empresas más pudientes, la retirada de un día de salario y 15 de vacaciones a empleados de empresas públicas, entre otros reajustes.
Según las disposiciones, el galón de diesel pasaría a costar de US$1,03 a US$2,27, mientras que la gasolina extra, de US$1,85 a US$2,30, encareciendo toda la producción.
Más allá de las protestas violentas de cientos de estudiantes universitarios que rompieron las vallas de seguridad que cercaban los alrededores del palacio de Gobierno, Carondelet, y se enfrentaron con policías, el parón de los transportistas ha bloqueado calles, paralizado las clases, y puesto obstáculos al normal funcionamiento del Estado ecuatoriano.
En el norte y sur de la capital también hubo bloqueo de avenidas, en las que los manifestantes quemaron llantas y maderas, y que los policías intentaban despejar una y otra vez.
En diferentes sectores de Guayaquil se han producido altercados y saqueos a comercios y establecimientos públicos ante la incapacidad de las fuerzas de seguridad de garantizar el orden, por lo que numerosas tiendas han tenido que echar el cierre para evitar robos masivos.
La ministra del Interior, María Paula Romo, comentó en una rueda de prensa que la paralización del transporte se cumplió "de manera parcial" y obligó al Gobierno a suspender las clases de escuelas y colegios para garantizar la seguridad de los estudiantes.
Asimismo, según información del Ejecutivo, unas 350 personas habrían sido detenidas por bloquear el tráfico, interrumpir los servicios públicos o atacar a la policía.
Los ministros también han informado, en términos económicos, que las protestas callejeras le cuestan unos US$70 millones por día al país. Una situación que probablemente alimentará la insatisfacción pública mientras más tiempo continúe.
En un mensaje a la nación, Moreno argumentó que "con el fin de precautelar la seguridad ciudadana y evitar el caos", disponía el estado de excepción "a nivel nacional". Una semana después anunció que trasladó la administración del gobierno de Quito a la ciudad portuaria de Guayaquil.
Según el decreto 884 firmado por Moreno, el estado de excepción se aplica a escala nacional en previsión de una situación de caos, y en él participan todos los organismos de gobierno incluidos la Policía y el Ejército, en este último caso, con "funciones complementarias" en el mantenimiento del orden público.
El Estado de excepción suspende asimismo el derecho de asociación y reunión, y de aglomeraciones durante las 24 horas del día. Y permite a las fuerzas del orden requisamientos cuando lo consideren necesario. También suspende la libertad de tránsito en situaciones de peligro.
El decreto estará vigente durante un plazo de 60 días a partir del jueves pasado.
Los manifestantes y transportistas exigen la anulación completa de las medidas anunciadas por Moreno y sobre todo de la subida de combustibles.
Moreno ha mostrado su apertura al diálogo y asegura que siempre estarán "dispuestos a ceder espacios que no comprometan, bajo ninguna circunstancia la ética y la moral, la transparencia con la que se ha conducido siempre este Gobierno".
Por el momento no se ha pronunciado sobre las demandas. Es de esperar que el presidente trate de recoger apoyos en los próximos días de distintos círculos políticos y económicos, así como a nivel internacional, para hacer frente a la ola de protestas.
Las salidas a las calles de los ecuatorianos en este tipo de protestas solían ser desencadenante de serios problemas políticos en el pasado, aunque en los últimos diez años han sido poco frecuentes, sobre todo porque el anterior presidente Correa aplicaba mano dura y la legislación penalizaba duramente protestas bajo diferentes argumentos.
La bancada correísta en el Parlamento ha pedido una sesión extraordinaria para analizar un adelanto electoral y la destitución de Moreno, aunque numéricamente no cuenta con suficientes apoyos.Pero a pesar de la incertidumbre política y los rumores sobre el presidente, algunos analistas creen que no está en peligro inmediato de ser derrocado u obligado a renunciar. Parece tener el apoyo de los militares.
Por el momento es prematuro analizar si la ola de protestas crecerá como para amenazar al Ejecutivo de Moreno, que llegó al poder en 2017 con un nuevo tono dialogante y conciliador que lo diferenciaba de su predecesor. Ecuador entrará en año electoral en 2020, aunque el presidente siempre ha dicho que no se presentará a la reelección.
