El juicio que involucra a la ex Presidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y a otros políticos y empresarios por supuesta corrupción en obra pública fue aplazado hasta después de las elecciones presidenciales, confirmaron este viernes fuentes de la defensa de Fernández.
Las sesiones se retomarán el día 4 de noviembre porque, según las razones dadas por el Tribunal Oral Federal 2, el próximo lunes -día de las sesiones- es festivo en el país y las siguientes dos semanas tiene prioridad otro juicio -ajeno a la también senadora- que, de no comenzar, prescribirá.
Cuando se reanude la etapa oral, ya se habrán celebrado las elecciones (27 de octubre), para las que Fernández concurre a la Vicepresidencia por el Frente de Todos, que encabeza Alberto Fernández, favorito a hacerse con la Casa Rosada según las encuestas y después de sacar 16 puntos de ventaja al actual Presidente, Mauricio Macri, en las primarias de agosto pasado.
La ex Presidenta, que regresó el jueves de
Cuba, donde vio a su hija en tratamiento clínico, no se sentará ante el juez mientras dure la campaña electoral.
Si se repite el resultado de las primarias, a los Fernández no les hará falta segunda vuelta para hacerse con la Presidencia, por lo que el juicio retomaría con el escenario político despejado, mientras que si Macri logra reducir distancias y forzar un cara a cara, la próxima sesión del juicio se celebraría dentro de un renovado clima preelectoral.
Desde la defensa de la ex jefa de Estado argentina consideraron que el proceso contra la ahora candidata a vicepresidenta "está perdiendo validez por cuanto no hay prueba de cargo ni pericia alguna" que la afecte.
El próximo 4 de noviembre será el turno de que el ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, hombre fuerte del kirchnerismo, realice su declaración ante los jueces, mientras que la ex Presidenta será la última en declarar.
La etapa oral de la Causa Vialidad, que investiga a trece funcionarios y empresarios por presunto fraude contra la administración pública y asociación ilícita durante los Gobiernos kirchneristas, comenzó en mayo pasado, y Fernández, quien es senadora en la actualidad, se ha ausentado de varias sesiones con permiso del tribunal.
En la causa -la primera que llega a juicio de todas en las que está procesada la senadora- se investiga el presunto direccionamiento de la concesión de obra pública, en la provincia de Santa Cruz, donde nació Kirchner y desarrolló gran parte de su carrera política, a favor de empresas de Lázaro Báez, ex colaborador y amigo de la pareja y en prisión desde 2016.
Según la acusación, en los 12 años de mandatos de Kirchner y de su esposa, se adjudicaron a Báez más de 50 obras, el 80 % del total, muchas de las cuales quedaron inacabadas, tuvieron sobreprecios o eran innecesarias.
A su vez, en otras causas ya se investiga el posible retorno de esos supuestos millonarios sobreprecios al matrimonio presidencial a través del alquiler de propiedades inmobiliarias de los Kirchner al propio Báez.
