Tras la firma de los Acuerdos de Paz, que puso fin a 12 años de guerra en El Salvador el 16 de enero, Estados Unidos comienza la deportación de salvadoreños que residían en ese país y habían sido condenados por diferentes delitos. Al regresar, muchos se unieron a grupos de jóvenes rebeldes y se organizaron hasta convertirse en sus cabecillas.
Los gobiernos de turno no les prestaron suficiente atención; algunos dicen que sólo se trata de "jóvenes rebeldes" haciendo desórdenes callejeros. Los operativos policiales se enfocan más en combatir la delincuencia común, mientras las maras o pandillas crecen.
Comienza la "guerra contra las pandillas" MS13 y Barrio 18, cuando el Presidente Francisco Flores (1999-2004) implementa el llamado Plan Mano Dura, que durante un año consiste en el despliegue de amplios y publicitados operativos policiales para realizar capturas masivas de pandilleros.
El presidente Tony Saca (2004-2009) lanzó el Plan Súper Mano Dura, que pone énfasis en la persecución penal de ambos grupos.
Tras las elecciones municipales y legislativas, con respaldo del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), los cabecillas de la MS13 y Barrio 18 hacen un pacto para disminuir las muertes por violencia. En esta época se registran al menos 14 diarias.
Para facilitar el acuerdo y mejorar la comunicación entre los líderes y sus estructuras en las calles, las autoridades los sacan del penal de máxima seguridad de Zacatraz y los envían a otras cárceles de mediana seguridad en las que -se dice- gozaron de facilidades para seguir operando.
Los homicidios se reducen hasta a cinco por día, pero las cifras despuntan cuando la tregua se rompe en 2013, tras la remoción del ministro de Justicia y Seguridad Pública, por orden de la Corte Suprema y las nuevas autoridades retiran beneficios a los pandilleros presos.
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluye a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales.
Es la primera vez que ese país otorga la denominación a una pandilla extendida por otros países de Centroamérica y varios estados de Estados Unidos.
El ex comandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén asume el poder en El Salvador (2014-2019) y las pandillas incrementan las acciones de violencia para presionar una negociación, pero el gobierno cierra toda posibilidad de tregua.
La Corte Suprema salvadoreña concluye que la MS13 y la Barrio 18 son grupos terroristas para que los tribunales puedan imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel.
Luego de una matanza de 11 trabajadores que estremeció al país y las autoridades atribuyeron a las pandillas, el gobierno decreta estado de emergencia en siete cárceles y aísla a los cabecillas de estos grupos.
El Presidente Donald Trump se compromete a "destruir" a la MS13 -porque es "particularmente violenta"- y otras organizaciones similares.
La "Operación Cuscatlán" se convierte en uno de los golpes más importantes que las autoridades asestan a las finanzas de la MS13.
Más de 1.500 policías de las fuerzas especiales, acompañados de fiscales del Ministerio Público, intervienen negocios como locales de vehículos usados, restaurantes, bares, salas de belleza, cervecerías, viviendas particulares, lujosos ranchos en la playa y hasta una empresa del transporte colectivo, que funcionaban con dinero de la pandilla MS13.
En el operativo las autoridades incautan 27.000 dólares en efectivo, 194.000 dólares en cuentas bancarias, 63 vehículos y 14 inmuebles.
A pocos días de asumir el poder, el Presidente Nayib Bukele (2019-2024) ordena el despliegue de la policía y del ejército en las zonas comerciales del centro histórico de la capital y otros municipios del interior afectados por la presencia y extorsión de las pandillas. Al ser juramentado había un promedio de 9,2 homicidios diarios; un mes después se registró la menor cantidad de homicidios desde los acuerdos de paz de 1992: 4,2 muertes violentas al día.
En un juicio histórico en El Salvador, unos 17 cabecillas de la MS13 y otros 400 pandilleros de esta estructura son procesados por homicidios, tráfico de armas y pertenecer a organizaciones terroristas.