El Tribunal Supremo español (TS) condenó este lunes a 13 años de cárcel al ex vicepresidente de la comunidad autónoma de Cataluña Oriol Junqueras y a penas de hasta 12 años a otros ocho procesados como culpables de sedición y malversación en el proceso por el que trataron de alcanzar la independencia de esa región en 2017.
Tres antiguos consejeros del gobierno autonómico catalán fueron condenados a 12 años de cárcel por sedición y malversación: Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa; mientras que sus compañeros Joaquim Forn y Josep Turull tendrán que cumplir 10 años por sedición.
La ex presidenta del Parlamento autónomo catalán
Carme Forcdell fue condenada a una pena de 11 años y 6 meses, en tanto que los líderes de asociaciones independentistas
Jordi Sánchez y
Jordi Cuixart fueron condenados a nueve años de prisión, todos por un delito de sedición.
Los nueve condenados, que cumplen ya prisión preventiva, son inhabilitados por el mismo tiempo de condena para ejercer cualquier cargo público.
Otros tres procesados que estaban en libertad condicional fueron absueltos del delito de malversación y no irán a la cárcel.
El Alto Tribunal juzgó a los 12 líderes soberanistas encausados entre febrero y junio pasados por la organización de un referéndum ilegal de "autodeterminación" el 1 de octubre y una declaración parlamentaria el día 27 a favor de la independencia unilateral de la región de Cataluña, anulada luego por el Tribunal Constitucional español.
La Fiscalía española los acusaba de un delito de rebelión, pero la Abogacía del Estado calificó los hechos juzgados como sedición porque considera que no existió la violencia suficiente para considerarlos rebelión.
El ex presidente regional catalán Carles Puigdemont, calificó de "barbaridad" las sentencias: "100 años de prisión en total. Una barbaridad. Ahora más que nunca, a vuestro lado y al de vuestras familias. Toca reaccionar, como nunca", tuiteó Puigdemont, quien se fue en a fines de octubre de 2017 a Bélgica tras los hechos juzgados ahora por el Tribunal Supremo, y sobre quien pesa una orden de captura en España.
