La ola de protestas contra el polémico triunfo electoral del Presidente Evo Morales escalaba a ritmo acelerado en Bolivia, donde la violencia dejó más de 30 heridos, mientras el Mandatario denunció que seguidores de su rival Carlos Mesa pretenden cercar el martes la sede de gobierno.
Este martes, la oposición "ha decidido concentrarse y cercar la Casa Grande del Pueblo", el edificio desde donde el Mandatario despacha, alertó Morales la noche del lunes ante una multitudinaria concentración de trabajadores y campesinos, que festejaron su triunfo electoral del 20 de octubre, en El Alto, ciudad de migrantes, vecina de La Paz.
Morales, de 60 años y en el poder desde 2006, asegura que las protestas forman parte de un plan de "golpe de Estado" en su contra que, según dijo el domingo, la oposición había decidido que "del martes no debe pasar" para su ejecución.
Frente a esas acusaciones, Mesa, el ex presidente centrista que postula la anulación de las elecciones, desafió el lunes al gobierno en una masiva concentración, especialmente de jóvenes universitarios, en un barrio acomodado de La Paz: "aquí estoy, o voy a la cárcel o voy a la presidencia".
"Mañana (martes) estaremos en el paro aquí (en La Paz), en Santa Cruz, en Cochabamba y en todo el país.
Aquí estamos, no nos rendimos", manifestó Mesa, de 66 años.
Este lunes se registraron choques callejeros entre oficialistas y opositores que dejaron al menos 30 heridos, uno de ellos de bala, en Santa Cruz, donde anida la oposición a Morales.
El líder derechista del comité cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, llamó a continuar una huelga, con cortes viales y manifestaciones callejeras, que se inició el miércoles pasado.
Pero un grupo de oficialistas impidió el lunes la salida de Camacho del aeropuerto de El Alto y su asistencia a una reunión de coordinación de la oposición en La Paz.
"Cercar" La Paz
Los opositores cuestionan el escrutinio de las elecciones del 20 de octubre, que inicialmente anticipaba un balotaje, pero que tras un silencio de 20 horas en el conteo de votos anunció, generando sospechas y suspicacias, unos resultados que hacían presagiar una victoria de Morales en primera vuelta. La autoridad electoral terminó confirmando el triunfo del presidente días después.
En La Paz manifestantes opositores bloquearon calles y chocaron con agrupaciones de mineros y campesinos oficialistas provenientes de zonas andinas llegados para cercar la ciudad, sede de los poderes ejecutivo y legislativo, y cortar el suministro de alimentos y la provisión de agua potable.
"Estamos haciendo un llamado para que nuestras bases vengan y desde mañana martes, aumentemos este cerco. Nosotros no vamos a aceptar que haya un golpe de Estado. Vamos a defender la democracia, el respeto al voto indígena, campesino, intercultural, contra el racismo", sostuvo Henry Nina, un líder sindical.
Un hombre resultó lesionado, según imágenes de medios locales, tras ser golpeado por los oficialistas
En tanto, los aliados de Morales dieron un plazo de 24 horas a los opositores para abandonar la protesta.
Los cortes de calles más drásticos han sido en la zona sur de La Paz, donde habita la clase media y alta, mayoritariamente contraria a Morales. Ahí también se exacerbó una pugna racial, en un país donde las familias más pobres son indígenas.
"Las clases pudientes están enarbolando sus verdaderas luchas", afirmó Manuel Morales, de la influyente plataforma Conade, que agrupa a personalidades como el rector de la universidad estatal, Waldo Albarracín, o el ex defensor del Pueblo, Waldo Villena, y organizaciones políticas de oposición, principalmente centristas.
"A la larga, lo que se va a imponer es este movimiento nacional de defensa de la democracia".
El ministro de Gobierno (Interior), Carlos Romero, salió en apoya a Evo Morales y dijo que Mesa "está llamando a la gente para confrontar (...), para tomar las instituciones públicas, para desalojar al gobierno".
"Eso es una convocatoria al golpe de Estado", dijo. "Antes los golpes de Estado eran con militares, (ahora son) institucionales".
Para zanjar la crisis, el Mandatario boliviano propuso una auditoría electoral por parte de la misión de observadores de la OEA, la ONU y la Unión Europea, organismos que se avienen a la realización de un balotaje.
