El Gobierno mexicano publicó ayer miércoles el informe, con video incluido, de la detención temporal de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, ocurrido el pasado 17 de octubre. El Presidente, Andrés López Obrador, defendió que las autoridades optaran por evitar "daños colaterales" al proceder a su liberación y pese a todo, aseguró que no hay "impunidad" en México.
Los hechos tuvieron lugar en la capital de Sinaloa, Culiacán, la cual se convirtió en campo de batalla durante horas tras la detención de Guzmán. El
ministro de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, explicó los detalles de un operativo que llevó al asedio a la vivienda donde se encontraba el hijo de "El Chapo".
El video muestra como efectivos del Ejército y la Guardia Nacional de México rodearon la vivienda en Culiacán y reclamaron la salida de quienes se encontraban en su interior, entre ellos Guzmán, el cual salió con las manos en alto tras una mujer. Las fuerzas de seguridad le preguntaron si estaba armado, a lo que él respondió que "no" y defendió la inocencia del resto de inquilinos.
A continuación, habló por teléfono -Sandoval explicó que con su hermano- y solicitó a las autoridades que "paren todo". "Ya no quiero que haya desmadres", afirmó, sin embargo la realidad fue opuesta.
Tras la detención, Culiacán se convirtió en una lucha sin cuartel que concluyó horas después con la orden del Gobierno de proceder a la liberación de Guzmán.
"Podrán cuestionarnos nuestros adversarios (...), pero esta es una nueva política. Pensamos que el uso de la fuerza no es la opción"
Andrés López Obrador, Presidente de México
López Obrador defendió la actuación del Ejecutivo, alegando que la prioridad fue "proteger la vida de los ciudadanos", tanto de los civiles como de los efectivos de seguridad. "Podrán cuestionarnos nuestros adversarios (...), pero esta es una nueva política.
Pensamos que el uso de la fuerza no es la opción", señaló.
El Mandatario, que apostó por la transparencia para despejar posibles dudas, reconoció que fue "una circunstancia compleja" y llamó a "atender las causas" subyacentes a la delincuencia organizada, que atribuyó al "abandono del pueblo".
"Esto no significa que vamos a incumplir la ley, que va a haber impunidad", aseguró, defendiendo que en México "hay un auténtico Estado de Derecho".
En tanto, el
ministro de Seguridad, Alfonso Durazo, señaló que "un tropiezo táctico no invalida la estrategia de seguridad en su totalidad", basada en el respeto de los Derechos Humanos. Con el actual Gobierno, "no se ha utilizado ni se utilizará la fuerza pública para reprimir, nadie será torturado, desaparecido o asesinado por un cuerpo de seguridad del Estado", agregó.
"Lo que pudo haberse convertido en un episodio de guerra y derramamiento de sangre inocente se resolvió privilegiando el retorno a la paz", explicó Durazo, quien consideró que lo "fácil" habría sido recurrir "a un combate de exterminio sin cuartel". "Habríamos ganado, ¿pero a qué costo?", cuestionó.
El caso volvió a reabrir el debate sobre la supuesta impunidad en un país que durante años ha tenido a "El Chapo", líder del cartel de Sinaloa, como uno de los principales símbolos del narcotráfico. Con dos fugas de prisión a sus espaldas, Joaquín Guzmán está ahora preso en Estados Unidos, donde fue condenado en julio a cadena perpetua por delitos de tráfico de drogas y asesinatos.
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