El juez de EE.UU., ante quien el ex Presidente de Perú Alejandro Toledo (2001-2006) apeló una decisión previa que le había negado la libertad bajo fianza mientras se resuelve su caso de extradición, se mostró este miércoles partidario de que el ex Mandatario permanezca en prisión, aunque por el momento no ha tomado una decisión firme.
El magistrado Vince Chhabria del Distrito Norte de California, con sede en San Francisco, clausuró la sesión de este miércoles explicando que duda entre celebrar una nueva audiencia en la que se contrasten las pruebas de la defensa y de la Fiscalía sobre las condiciones del encarcelamiento de Toledo o denegarle de forma definitiva la libertad bajo fianza.
De este modo, Chhabria ya no puso sobre la mesa la posibilidad de que Toledo salga de prisión de forma inmediata (algo que podría haber decidido este mismo miércoles), y a lo largo de la sesión se mostró en varias ocasiones satisfecho con la actitud de la Fiscalía y especialmente beligerante con la defensa.
"En base a lo que he visto hasta ahora, el Gobierno ha cambiado la partida.
Cuando Toledo estaba en confinamiento en solitario había circunstancias especiales que justificaban su libertad bajo fianza. Pero ahora parece que el Gobierno ha ofrecido una alternativa razonable", apuntó el magistrado.
Chhabria se refería así a su fallo de principios de octubre, cuando en un movimiento poco habitual decidió conceder la libertad bajo fianza a Toledo, pero puso su decisión en suspenso de forma inmediata con el objetivo de presionar al Gobierno a sacarle del régimen de aislamiento en el que el ex Mandatario se hallaba desde su detención en julio.
La jugada del magistrado surgió efecto y, pese a que anteriormente había asegurado que no tenía capacidad para ello, el Gobierno se apresuró a cambiar a Toledo de cárcel para que pudiese pasar a un régimen de mayor libertad de movimientos.
La razón por la cual el ex Presidente no se halla ni en la cárcel donde estaba antes ni en la actual en régimen común junto al resto de reclusos es porque los responsables penitenciarios consideran que, dado su elevado perfil político, su seguridad se vería comprometida.
Toledo está acusado de haber recibido hasta 35 millones de dólares de la constructora Odebrecht a cambio de favorecer a la empresa brasileña en sus negocios en Perú cuando él aún era presidente, y ha pasado los últimos dos años prófugo de la Justicia peruana en EE.UU., donde reside en la localidad de Menlo Park, cerca de San Francisco.
