El decreto que daba inmunidad penal a militares y policías en Bolivia quedó derogado este jueves, tras considerar el Gobierno interino que el país logró "la ansiada pacificación".
La presidenta interina Jeanine Áñez anunció la derogación del decreto, muy cuestionado por organismos internacionales de derechos humanos y en el propio país, donde la violencia desde los comicios fallidos del 20 de octubre deja 34 muertos, muchos por disparos durante operativos militares y policiales.
"Hemos logrado la ansiada pacificación", sostuvo Áñez en una breve comparecencia en el palacio de Gobierno en La Paz.
La mandataria interina argumentó que el decreto supremo que emitió el pasado 14 de noviembre, dos días después de asumir el poder, era "un recurso constitucional" tomado ante "acciones violentas que nunca antes" habían visto en la "historia" de Bolivia.
Jeanine Áñez se refirió expresamente a lo que calificó como "días de terror" en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, donde aseguró que estuvo en riesgo la vida de más de 250.000 personas en lo que pudo ser "una tragedia de dimensiones devastadoras" en una refinería.
Al menos diez civiles murieron por disparos tras un operativo militar y policial el pasado 19 de noviembre en esta ciudad de cerca de un millón de habitantes, cuando grupos de manifestantes contrarios al Gobierno de Áñez se concentraban ante la refinería.
El Ejecutivo interino niega que las fuerzas del orden dispararan, mientras que entidades como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que envió una delegación a Bolivia, denunciaron un uso excesivo de la fuerza en este y otros operativos.
Otros nueve civiles murieron por disparos en la ciudad boliviana de Sacaba el pasado 15 de noviembre en una intervención de fuerzas del orden.
Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo de Bolivia, que presentó un recurso de inconstitucionalidad, y otras entidades desde el exterior y en el país criticaron duramente el decreto supremo 4078, que eximía de responsabilidad penal a militares y policías si actuaban con "proporcionalidad" y "en legítima defensa".
"Nos toca llegar al momento histórico de la reconciliación", concluyó la presidenta interina en un rápido discurso de unos cuatro minutos.
Según datos de la Defensoría, las víctimas mortales son 34 y los heridos 832 por actos de violencia desde los comicios del 20 de octubre, ahora anulados.
La violencia comenzó el día después de las elecciones, tras las que fue declarado vencedor Evo Morales entre denuncias de fraude desde la oposición.
Morales anunció el pasado 10 de noviembre su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios.
Al día siguiente salió hacia México, donde está asilado, y desde esa jornada el ejército realiza operativos conjuntos con la Policía, que pidió su apoyo al verse desbordada por los actos violentos en medio de un vacío de poder.
Áñez asumió la Presidencia interina el pasado 12 de noviembre y el decreto fue emitido el 14.
La renuncia de Morales ha sido calificada como "golpe de Estado" por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.
Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.
