Es la única de las causas por las que hasta ahora Fernández es sometida a juicio, en el que este lunes declaró por primera vez.
El proceso oral y público, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, se inició el pasado 22 de mayo y es el primero por presunta corrupción que afronta la ex Mandataria.
Dentro de este caso se investigan supuestas irregularidades en las adjudicaciones para la construcción de carreteras en la sureña provincia de Santa Cruz, cuna del kirchnerismo.
La etapa de instrucción estuvo a cargo del juez federal Julián Ercolini, quien determinó que cerca del 85% de los contratos viales de la provincia fue adjudicado al empresario Lázaro Báez, amigo personal del fallecido ex Presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y detenido desde 2016 por estar acusado de blanquear decenas de millones de dólares.
Por este caso, Ercolini procesó a Cristina Fernández a fines de 2016 por presunta asociación ilícita y administración fraudulenta agravada y en marzo de 2018 elevó la causa a juicio oral.
Esta causa fue elevada a juicio oral, proceso que deberá llevar adelante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4.
En la etapa de instrucción, la causa estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, quien investigó supuestas irregularidades en operaciones con contratos de futuros de dólar durante el período final del segundo mandato de la ex Presidenta.
Según la investigación, los contratos se pactaron a un precio menor al de mercado, lo que habría supuesto unas pérdidas millonarias para el Estado cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia, a finales de 2015, y se disparó el valor de la moneda estadounidense.
Por este caso, Bonadio procesó a la senadora por presunta administración infiel en perjuicio del Estado.
Esta causa fue elevada a juicio, proceso que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8.
En la etapa de instrucción, el caso estuvo a cargo del juez Claudio Bonadio, quien investigó a Fernández por la firma en 2013 de un memorando de entendimiento entre Argentina e Irán.
Argentina firmó ese pacto para facilitar la investigación del atentado a un centro judío en Buenos Aires en 1994, por el que están acusados varios iraníes, pero Bonadio cree que en realidad se trató de una maniobra para encubrir a varios funcionarios de ese país.
La causa se inició tras una denuncia del fiscal Alberto Nisman, que a los pocos días de hacer pública la acusación contra Fernández apareció muerto en su apartamento con un disparo en la cabeza, algo que aún no ha sido esclarecido.
Bonadio procesó a Fernández por el presunto delito de traición a la patria y encubrimiento, aunque luego la Cámara Federal, un tribunal de alzada, sólo mantuvo el procesamiento por el presunto delito de encubrimiento y revocó la acusación por traición.
Por este expediente, Bonadio pidió por primera vez el desafuero de Fernández para poder detener a la ex Presidenta, aunque el Senado no trató la solicitud del juez.
La denominada causa "Hotesur", que lleva el nombre de una empresa que tiene participación de la familia Kirchner, fue elevada a juicio oral en febrero de 2019, un proceso que deberá ser llevado adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 8.
En la etapa de investigación, el caso estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, quien investigó supuestas maniobras a través de Hotesur, firma administradora del hotel Alto Calafate (Santa Cruz), mediante las cuales se habría incurrido en lavado de dinero a través del alquiler de habitaciones de ese hotel, que nunca se ocuparon.
Por esta causa, Ercolini procesó a Fernández en mayo de 2018 por el presunto delito de lavado de activos y asociación ilícita. También fueron procesados sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.
Esta causa, que investiga maniobras muy similares a las de la causa Hotesur, fue elevada a juicio oral, proceso que deberá ser llevada adelante por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5.
En este caso, se investigó si los empresarios Lázaro Báez, dueño de Austral Construcciones, y el titular del Grupo Indalo, Cristóbal López, pagaron alquileres de propiedades administradas por Los Sauces -una firma participada por los Kirchner- como retorno de las adjudicaciones de obras públicas que recibieron entre 2003 y 2015.
En septiembre de 2018, el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández y pidió su prisión preventiva -que no se ha hecho efectiva por los fueros parlamentarios de la senadora- en el marco de la denominada causa de los "cuadernos de la corrupción", al considerar que la ex Presidenta fue la jefa de una asociación ilícita que operó entre 2003 y 2015.
La causa lleva ese nombre porque se destapó con las anotaciones en cuadernos de un chofer del Ministerio de Planificación, el epicentro de una supuesta trama de sobornos a cambio de contratos públicos que presuntamente comenzó con el Gobierno de Néstor Kirchner y continuó durante el de Fernández.
Este caso, de gran impacto mediático, mantiene en la cárcel a varios ex altos cargos kirchneristas y empresarios, mientras que muchos otros involucrados se acogieron a la figura del arrepentido y han reconocido la existencia de una red de corrupción.
Como una derivación de la "causa de los cuadernos", en marzo de 2019 el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a trenes y el metro de Buenos Aires.
Además de procesarla por presunta asociación ilícita, cohecho y administración fraudulenta, el magistrado pidió la prisión preventiva de la senadora, que no se pudo hacer efectiva por los fueros parlamentarios que tiene Fernández.
En esta causa están procesados otros ex funcionarios y empresarios del sector del transporte público.
En marzo de 2019, el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández por presuntamente utilizar los aviones de la flota presidencial para enviar periódicos y muebles hasta las sureñas ciudades de Río Gallegos y El Calafate.
Fernández fue procesada por presunto peculado (malversación de activos públicos). El pasado 28 de noviembre, la Cámara Federal de la capital argentina confirmó el procesamiento por el supuesto traslado de mobiliario, pero lo revocó para el caso del envío de los periódicos ya que consideró que éstos eran elementos vinculados a sus funciones como jefa de Estado.
Este caso también es un desprendimiento de la "causa de los cuadernos", en la que prestaron declaración los pilotos de los aviones oficiales.
En marzo de 2019 el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández por tener en su poder documentos históricos.
Se trata de una derivación de la "causa de los cuadernos" ya que, en el marco de ese caso, en un allanamiento a la casa de la senadora en la sureña localidad de El Calafate se encontraron un prontuario del ex Presidente argentino Hipólito Yrigoyen y una carta que el general José de San Martín le envió desde Francia a Bernardo O'Higgins, en 1835.
Bonadio dio por terminada en mayo la investigación y se espera su elevación a juicio oral.
El juez Claudio Bonadio procesó a Fernández en una causa por supuesta cartelización de obras públicas, una decisión que fue confirmada a finales de octubre pasado por la Cámara Federal, un tribunal de alzada.
En el expediente, también derivación de la "causa de los cuadernos", se investiga el presunto pago de sobornos para la distribución de contratos de ejecución de obras viales entre empresas constructoras.
En marzo de 2019, como una derivación de la "causa de los cuadernos", el juez Bonadio procesó con pedido de prisión preventiva a Fernández en un caso por presuntos sobornos en la renegociación de contratos de concesión de carreteras, pero a finales de octubre pasado la Cámara Federal, un tribunal de alzada, revocó ese procesamiento y dictó la falta de méritos de la senadora ya que, de momento, las pruebas apuntas a presuntos delitos cometidos hasta 2007, cuando Fernández aún no había asumido la Presidencia.
La causa permanece abierta, con ex funcionarios kirchneristas y empresarios bajo investigación.
En marzo de 2019, la ex Presidenta fue procesada por el juez Bonadio en una causa por presuntas irregularidades en la compra de gas natural licuado (GNL), pero a finales de octubre la Cámara Federal revocó ese procesamiento y dictó la falta de mérito, aunque la investigación permanece abierta.
También en un desprendimiento de la "causa de los cuadernos", en marzo de 2019 el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández por supuestas irregularidades en subsidios al transporte público en ómnibus.
En julio de 2019, la Sala I de la Cámara Federal revocó el procesamiento a la ex Presidenta al considerar que no había pruebas suficientes y le encomendaron a Bonadio que siga investigando.
La causa de la denominada "ruta del dinero K" investiga el supuesto lavado de dinero negro por parte del matrimonio Kirchner.
La Unidad de Información Financiera de Argentina pidió en mayo pasado al juez del caso, Sebastián Casanello, procesar a Fernández, paso que el magistrado no ha dado.
En noviembre de 2018, Casanello ya había dictado la falta de mérito de la ex Presidenta, medida que fue confirmada en marzo de 2019 por la Cámara Federal, tribunal que al mismo tiempo ordenó al juez profundizar la investigación.