La Fiscalía de Perú amplió la investigación que sigue contra Keiko Fujimori para incluir otros delitos y analiza la posibilidad de pedir una nueva orden de prisión contra la líder opositora, que permaneció en la cárcel hasta hace dos semanas.
La medida, formalizada por el fiscal José Domingo Pérez y difundida este martes por medios locales, amplió las pesquisas a la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, organización criminal y falsa declaración y fraude procesal.
Pérez investigaba hasta el momento a la líder del partido Fuerza Popular solo por el delito de lavado de activos, por presuntamente haber recibido un millón de dólares de procedencia ilícita de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales.
Ahora el fiscal también pidió que se considere en la ampliación de la investigación a una empresa de bienes raíces que pertenece al esposo de Fujimori, el estadounidense
Mark Vito Villanella.
Pérez incluyó, además, a personajes vinculados a Fuerza Popular y del entorno más cercano a Keiko, entre los que figuran Jaime Yoshiyama, Pier Figari, Ana Herz de Vega, Vicente Silva Checa, José Chlimper, Adriana Tarazona y Jorge Trelles.
Los elementos para la ampliación
El fiscal consideró entre los nuevos elementos al testimonio del empresario Jorge Yoshiyama, un sobrino de Jaime Yoshiyama que colabora con la Justicia, quien afirma que Fujimori sí conocía sobre los aportes que entregó Odebrecht a sus campañas electorales.
Además, consideró las declaraciones que dieron hace tres semanas a la Fiscalía los empresarios Dionisio Romero y Vito Rodríguez, de los grupos Credicorp y Gloria, quienes afirmaron que entregaron directamente a Fujimori 3,65 millones de dólares y 200.000 dólares en efectivo, respectivamente, que no fueron declarados.
En ese sentido, Pérez sostuvo que se presentó una falsa información de ingresos y gastos en las campañas electorales de Fuerza Popular y se burló la supervisión de las finanzas de los partidos políticos.
Un nuevo pedido de prisión
El fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo Lava Jato, declaró este martes a medios locales que se analiza la "posibilidad" de presentar un nuevo pedido de prisión preventiva contra Fujimori, quien fue liberada después de que el Tribunal Constitucional anuló la prisión preventiva que cumplió durante 13 meses.
"En estos casos el Ministerio Público tiene la postura clara de que la liberación de Keiko Fujimori representa un peligro para la investigación, y como tal estamos tomando todas las precauciones correspondientes", señaló Vela desde Brasil, donde participa en nuevos interrogatorios a ex directivos de Odebrecht.
El fiscal enfatizó que esta investigación "está cada vez más cerca de la conclusión", ya que durante este año "se han obtenido avances significativos" en las pesquisas y elogió "el trabajo y planificación estratégica de un grupo de fiscales valientes que no se ha doblegado ante ningún tipo de presión".
Los otros testimonios
Además de los testimonios de otros aportes millonarios que no fueron declarados, la situación judicial de Keiko Fujimori se ha complicado en los últimos días tras conocerse nuevas declaraciones que aseguran que intentó boicotear las investigaciones en su contra.
La semana pasada, el ex presidente del Congreso Daniel Salaverry afirmó que Fujimori sí hizo coordinaciones con el ex magistrado César Hinostroza, quien está a la espera de ser extraditado desde España por sus presuntos vínculos con una red de corrupción en la Judicatura.
Salaverry también declaró que Keiko le pidió en 2018 que le entregue un sobre con documentos al fiscal supremo Pedro Chávarry, quien en enero pasado renunció al cargo de fiscal general en medio de denuncias por sus presuntos vínculos con la red criminal conocida como "Los cuellos blancos del puerto".
El último viernes el empresario Antonio Camayo también declaró a los fiscales que Keiko sí es la "señora K" a la que mencionó en un audio grabado por la Policía cuando coordinaba por teléfono una reunión en su casa entre Fujimori y el entonces juez Hinostroza.
En ese contexto, la Fiscalía ha ampliado sus diligencias con el objetivo de presentar en los próximos meses una acusación para abrir un juicio a la líder opositora, quien tanto en 2011 como en 2016 se quedó a las puertas de ser Presidenta de Perú.
