La Fiscalía boliviana volverá a tramitar ante la Interpol la emisión de una notificación roja contra el ex Presidente Evo Morales, acusado por el Gobierno interino de Jeanine Áñez por delitos de sedición y terrorismo, después que la entidad rechazara una primera solicitud.
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, aseguró a los medios el jueves que su equipo cumplió con "todo lo que señala el procedimiento que establece la Interpol" para hacer esta solicitud, pero pese a ello recibieron como respuesta el rechazo a la activación de las notificaciones azul y roja contra Morales.
La réplica de la Interpol fue "muy escueta" y "no señala cuál el motivo de ese rechazo", por lo que el Ministerio Público solicitó una aclaración al respecto, indicó.
"Viendo esta situación que no es definitiva, de acuerdo al cambio de circunstancias, se puede volver a solicitar la activación de esta notificación roja", explicó Lanchipa.
"Con base a esa respuesta (...) nosotros vamos a pedir, de acuerdo a las circunstancias, que puedan modificar algún otro elemento para reiterar la solicitud", sostuvo el fiscal.
Una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo "para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar", según explica la Interpol en su sitio web.
Las acusaciones
Evo Morales, que anunció su renuncia a la Presidencia boliviana el pasado 10 de noviembre denunciando un supuesto golpe de Estado para derrocarlo, fue acusado ese mismo mes de incitar a la violencia contra el Ejecutivo provisional desde su asilo en México, donde se encontraba antes de partir hacia Argentina.
La denuncia se sustenta en pruebas como un video en el que se escucha una voz atribuida a Morales, cuya autenticidad no ha sido demostrada por fuentes independientes, en la que supuestamente incita a un dirigente cocalero en Bolivia a mantener bloqueadas las ciudades para impedir el ingreso de alimentos y combustibles.
La comisión de fiscales encargada del caso emitió el pasado 18 de diciembre una orden de aprehensión, argumentando que Morales no goza de privilegios, porque las acusaciones de graves delitos como sedición y terrorismo presentadas por el Gobierno transitorio corresponden a cuando ya no era Presidente.
Sin embargo, el ex Gobernante dijo que continuaba siendo Presidente mientras el Parlamento boliviano no tratase su renuncia, lo que finalmente ocurrió el pasado 21 de enero, dos meses después de la presentación de la carta y un día antes de la fecha prevista para la conclusión del que fue su tercer mandato consecutivo.
Los detractores de Morales advirtieron entonces que aquello fue una estrategia jurídica y política de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), que controla el Legislativo, para librarlo de afrontar procesos judiciales en la vía ordinaria.
