Los ojos de la comunidad internacional están sobre El Salvador debido a la presencia de personal militar en el Congreso, por orden del Presidente Nayib Bukele. Todo esto debido al proyecto que promueve el Ejecutivo de destinar 109 millones de dólares con el fin de mejorar las instituciones de seguridad del país.
Bukele pretende modernizar la policía nacional civil (PNC) y las Fuerzas Armadas, para que estén mejor preparadas para combatir a las bandas criminales que aquejan a El Salvador.
La propuesta mantiene al Ejecutivo y a el Poder Legislativo enfrentados en la Asamblea Legislativa, ya que este último presentó trabas para aprobar la medida. A raíz de esto, el jueves, el Mandatario salvadoreño anunció que el Consejo de Ministros convocó para el domingo una sesión extraordinaria para que los diputados le den luz verde a la solicitud del Gobernante.
Sin embargo, los congresistas rechazaron la excepcionalidad de la medida y muchos no asistieron a la sesión, lo que provocó que el Mandatario, respaldado por la policía y las fuerzas armadas, irrumpiera en el Congreso con militares, con el fin de presionar a los diputados. Algo que fue duramente criticado por agrupaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).
De qué trata la iniciativa
El Plan Control Territorial es la estrategia impulsada por Bukele con miras a responder a los graves problemas de seguridad ciudadana que tiene El Salvador, considerado como uno de los países más violentos del mundo y donde hay una extendida presencia de pandillas armadas.
Bukele presentó la III fase del Plan de Control Territorial, que implicaba la negociación de los 109 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El crédito es clave para avanzar con el plan del Gobierno contra las pandillas, responsables de gran parte de la violencia. Con estos recursos se equiparán y modernizarán las instituciones de seguridad dedicadas a combatir el crimen y delincuencia.
Los componentes de estos 109 millones se dividen en: US$25,9 millones, destinados para el equipo e infraestructura de video vigilancia; US$46,9 millones para la movilidad estratégica, US$17,4 millones para el equipo táctico, entre los que se prevé un helicóptero y un buque.
Asimismo, US$15,5 millones son para la modernización hospitalaria y US$3,3 millones para la administración, supervisión y auditoria, imprevistos y Comisión BCIE.
El pasado 27 de enero, legisladores de todos los sectores políticos -con excepción del izquierdista FMLN- aprobaron la propuesta. Sin embargo, tres días después el partido de derecha Arena, que controla 37 de los 84 escaños, decidió retirar su apoyo a la resolución, con el argumento de que la propuesta "amerita un mayor estudio, debido a la elevada suma", lo que congeló la medida en la Asamblea Legislativa.
El Gobierno hizo de la seguridad uno de sus pilares principales, presumiendo que logró grandes avances en esta materia, reduciendo en casi 1.000 los homicidios comparado al año anterior, según comentó el Ministerio de Seguridad en enero. El Salvador es uno de los países sin guerra más violentos del mundo, con un promedio anual de 35.6 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2019.
