El empresario argentino Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero y otros presuntos ilícitos durante los Gobiernos kirchneristas, fue trasladado para cumplir arresto domiciliario a un lugar que no se dio a conocer tras las protestas vecinales que impidieron su ingreso en un barrio privado de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes de la Fiscalía confirmaron este jueves a Efe que tras los sucesos del lunes, cuando un grupo de manifestantes impidió el ingreso de Baez al domicilio donde debía cumplir arresto, el tribunal, la defensa y la Fiscalía determinaron en una audiencia reservada un nuevo domicilio, del que por motivos de seguridad no se revelará la dirección.
El lunes la justicia concedió el arresto domiciliario al empresario, quien se encontraba detenido en prisión preventiva desde el
6 de abril de 2016 en la cárcel bonaerense de Ezeiza, y ese mismo día se intentó un primer traslado que no se puedo hacer efectivo por las protestas, en las que, según los abogados de Báez,
se produjeron agresiones.
"Se ve una degradación del debate social en general muy grande, la imposibilidad de algunas personas de respetar la ley, de entender el contenido de la ley, de la sentencia y perder el control de una manera lamentable, a mi me rompieron el auto", destacó Juan Villanueva, uno de los abogados del empresario, en declaraciones a TN.
La Justicia le concedió el arresto domiciliario en el marco de una causa conocida como "El Entrevero", en la que se investigan supuestas maniobras de lavado de dinero en la compraventa de un campo en Uruguay.
Su defensa ha solicitado en reiteradas ocasiones y a diversos tribunales el arresto domiciliario argumentado que tiene 64 años, enfermedades coronarias, insuficiencia respiratoria y diabetes, lo cual lo pone en situación de riesgo, ante la pandemia de coronavirus.
Desde 2018, el empresario es sometido a juicio oral por la causa conocida como
"Ruta del dinero K", en la que se le acusa de encabezar una trama de lavado de dinero obtenido por los contratos de obra pública adjudicados durante los gobiernos kirchneristas (2003-2015) a empresas del
Grupo Austral, propiedad de Báez.
En julio pasado, la Justicia le había concedido la excarcelación en otra de las causas en las que está imputado, pero el empresario aún no depositó la fianza exigida.
