Legisladores de cinco partidos opositores presentaron este martes una nueva solicitud de destitución del presidente de Perú, Martín Vizcarra, por "incapacidad moral", tras acusarlo de presuntamente estar implicado en actos de corrupción.
El pedido, que aún debe pasar por un proceso de votación para ser aceptado por el Congreso, se presentó a iniciativa del partido Unión Por el Perú (UPP) con 27 firmas de representantes de esa agrupación y de los partidos Podemos, Frente Amplio y Acción Popular.
Los legisladores aseguraron que se basaron en "fundamentos de hecho y de derecho", después de que un diario publicara los testimonios de aspirantes a colaboradores de la Justicia que aseguran que Vizcarra recibió sobornos cuando fue gobernador de la región sureña de Moquegua, entre 2011 y 2014.
Este es el segundo pedido de destitución que presenta UPP contra el mandatario en el último mes y medio, ya que en septiembre pasado el Congreso rechazó una solicitud similar por los presuntos vínculos de Vizcarra con la contratación irregular de un cantante en el Ministerio de Cultura.
Pedido dividido
El congresista José Vega, quien es portavoz de UPP, aseguró que esta moción es "más sólida" que la anterior, aunque las bancadas de varios partidos, entre ellos el Frente Popular Agrícola del Perú (Frepap), Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Morado, adelantaron que no la apoyarían.
Los representantes de estas agrupaciones señalan que están a favor de que se investigue a Vizcarra, pero rechazan que se promueva su destitución cuando el país afronta la grave crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de la
covid-19.
Además, el nuevo pedido ya ha mostrado divisiones al interior de las bancadas, ya que fue suscrito por dos representantes de AP a pesar de que ese partido indicó que no lo apoyaría, mientras que algunos legisladores del Frente Amplio de izquierda decidieron no firmarla en abierto rechazo al acuerdo de su bancada.
Ahora la moción deberá ser sometida a votación y solo pasará a trámite si recibe el voto favorable de 52 congresistas, en cuyo caso se iniciará un nuevo juicio política contra el gobernante para determinar si se le destituye.
Investigación preliminar
Este fin de semana, la Fiscalía peruana anunció que abrirá una investigación preliminar contra Vizcarra como sospechoso de haber cometido delitos de corrupción por supuestamente haber recibido las coimas para otorgar obras públicas en Moquegua.
La decisión de la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios se basó en declaraciones de aspirantes a "colaborador eficaz", una figura legal que otorga beneficios judiciales a personas que confiesan delitos y aportan información.
El primer caso bajo investigación está vinculado a la empresa
Obrainsa, que forma parte de la investigación del denominado "Club de la Construcción", una asociación de empresas peruanas y extranjeras que durante años repartieron coimas y recibieron contratos de obras públicas de forma coordinada.
En ese contexto, un aspirante a colaborador relató y brindó documentación a la Fiscalía indicando que Obrainsa pagó un millón de soles (unos 300.000 dólares) a Vizcarra por otorgar el proyecto hídrico Lomas de Ilo, cuando era gobernador de Moquegua.
Esta investigación coincidió con la revelación de que otros aspirantes a colaboradores denunciaron otro supuesto acto de corrupción de Vizcarra, vinculado con la presunta entrega de la obra de un hospital regional a un consorcio a cambio de 1,3 millones de soles (unos 370.000 dólares).
Tras conocerse esos testimonios, el presidente peruano enfatizó que no recibió "ningún soborno por ninguna obra, ni en Moquegua ni en ninguna parte del Perú ni del mundo".
El mandatario agregó que la seguidilla de graves acusaciones en su contra responde a intentos para "desestabilizar al Gobierno" y es parte de un "esfuerzo político y económico" concertado para destituirlo y postergar las elecciones generales que ha convocado para abril del próximo año.
"Desconozco absolutamente lo que manifiestan, porque no puede haber intermediarios de algo que no existe, algo irreal. Yo he trabajado de manera honesta y transparente, y estamos siempre con la verdad trabajando en función a lo que es mejor para la población", sostuvo.
En cualquier caso, Vizcarra añadió que respeta la independencia de poderes y que acatará "lo que determine el Ministerio Público", aunque él cuenta con inmunidad hasta el próximo 28 de julio, cuando culmina su mandato.