El Gobierno español de izquierdas consigue llegar a la mitad de la legislatura con los presupuestos del Estado garantizados, un importante acuerdo laboral y una alta tasa de vacunación, aunque con equilibrios políticos complicados, un fuerte impacto socioeconómico de la pandemia y el reproche de la derecha por pactar con independentistas.
El socialista Pedro Sánchez dirige desde hace dos años el Ejecutivo, una coalición con los izquierdistas de Unidas Podemos (UP), donde las fricciones internas son frecuentes y públicas, pero que se mantiene sólida en comparación con los pactos que la derecha no ha logrado sostener en regiones como Madrid y Castilla y León, que obligaron al adelanto de elecciones en esas regiones.
El
7 de enero de 2020, Sánchez obtuvo el respaldo del Congreso español para ser presidente del Gobierno, después de que el Partido Socialista (PSOE) ganara las elecciones del 10 de noviembre de 2019 con 120 de los 350 diputados.
A falta de una mayoría suficiente, accedió a pactar rápidamente un gobierno con el izquierdista Pablo Iglesias, líder entonces de UP, que había conseguido 35 escaños. Es el primer ejecutivo de coalición del actual periodo democrático, aunque gobierna en minoría.
Retos económicos para el resto de la legislatura
Con los presupuestos de 2022 aprobados por el Parlamento, el Gobierno considera que el reciente acuerdo con patronal y sindicatos para modificar la reforma laboral de 2012 (cuando gobernaban los conservadores) y el crecimiento del empleo avalan su gestión, además del "éxito" de la vacunación contra el covid-19.
Estas circunstancias permitirían a Sánchez ganar estabilidad para agotar el mandato y no adelantar las elecciones generales, que se convocarían a finales de 2023.
Su acción de gobierno se vio sacudida muy pronto, condicionada fuertemente por la pandemia desde prácticamente el comienzo de la legislatura.
Poco después de empezar a gobernar, Sánchez tuvo que decidir un primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y un confinamiento general de la población hasta mediados de junio.
Las medidas restrictivas socioeconómicas, un aumento acelerado del gasto en sanidad y en protección social de trabajadores y familias vulnerables, como el salario mínimo vital, causaron un desplome del Producto Interior Bruto del 10,8% en 2020 y un déficit público disparado.
Las previsiones gubernamentales indicaban un incremento económico del 6,5% en 2021, favorecido por la reactivación laboral y llegada de los primeros fondos europeos para la recuperación. Pero una mayoría de organismos nacionales e internacionales consideran que será claramente menor.
Los altos precios de la energía y una inflación derivada del 6,7 % anual son dos de las amenazas que se ciernen sobre la economía española.
Más empleo y avanza la vacunación
Por el contrario, el Ejecutivo saca pecho de los datos laborales, ya que 2021 terminó con un descenso del desempleo del 20,12% respecto a 2020, el mayor recorte anual de toda la serie histórica.
El segundo estado de alarma, más suave, concluyó en mayo de 2021, mientras avanzaba el proceso de vacunación, muy valorado por el Gobierno, pues ya alcanza completamente al 80% de toda la población.
No obstante,
la sexta ola de contagios progresa en estos momentos a ritmos de más de cien mil contagios diarios, no registrados hasta ahora.
Entre las leyes aprobadas esta legislatura están la de eutanasia y la de educación, y socialistas y conservadores desbloquearon la renovación de los tribunales Constitucional y de Cuentas, aunque aún no la del Consejo General del Poder Judicial.
Polarización
En un Parlamento muy fragmentado y polarizado, la oposición de conservadores, extrema derecha y liberales recrimina a Sánchez las "cesiones" a independentistas y otros socios "radicales" para seguir en el poder.
Los opositores critican con crudeza la mesa de "diálogo" bilateral entre el Gobierno español y las autoridades independentistas de la región de Cataluña y que el Ejecutivo indultara a los nueve líderes soberanistas catalanes condenados a prisión por el proceso secesionista ilegal de 2017.
Tampoco ayudan las habituales discrepancias entre los propios socialistas y Unidas Podemos. Asuntos como el futuro de la Corona (UP defiende un referéndum), la política fiscal y de vivienda, la ley trans o, más recientemente, la modificación de la legislación laboral fueron motivo de discrepancia y polémica entre miembros del gabinete.
Además, Sánchez se ve obligado a negociar constantemente con pequeños partidos de nacionalistas e independentistas vascos y catalanes (y esporádicamente con los liberales) para aglutinar las mayorías parlamentarias necesarias para aprobar las leyes.
Es lo que ocurrió con los presupuestos de 2021 y recientemente con los de 2022 y antes con varias prórrogas del estado de alarma para hacer frente a la pandemia.
2022 y el posible retorno de Juan Carlos
El año comienza con la incógnita de cuándo regresaría a España el rey emérito Juan Carlos de Emiratos Árabes Unidos, donde permanece desde agosto de 2020.
Desde la Casa Real y el Gobierno dan a entender que el padre de Felipe VI no volverá hasta que la Fiscalía resuelva las investigaciones que mantiene abiertas sobre sus fondos en el extranjero.
