El Gobierno de Austria decidió hoy dejar "suspendida" al menos por tres meses
la obligatoriedad para todos los mayores de 18 años de vacunarse contra el covid, una medida impuesta por ley que regía oficialmente desde el pasado 1 de febrero aunque aún no se controlaba su cumplimiento.
Así lo anunciaron este miércoles el ministro de Sanidad, el ecologista Johannes Rauch (Verdes), y la ministra de Asuntos Constitucionales, Karoline Edtstadler (ÖVP), tras una reunión del Consejo de Ministros.
La suspensión fue decidida por el gabinete en base a un informe de una comisión de expertos según quienes
actualmente no hay "ninguna razón para poner en marcha la vacunación obligatoria".
"La Comisión recomienda suspender la vacunación obligatoria hasta su próxima evaluación", que se hará dentro de tres meses, indicó Rauch en su primera rueda de prensa tras asumir funciones el lunes en sustitución del dimitido Wolfgang Mückstein.
Explicó que para tomar una "decisión definitiva" se requieren "más pruebas y conocimientos científicos sobre la duración de la eficacia de las vacunas contra el coronavirus, así como sobre el propio virus".
"Por otro lado, la vacunación obligatoria es también una cuestión del momento adecuado", añadió tras subrayar que el informe de los expertos "muestra claramente que
la vacunación sigue siendo el medio por el que podemos controlar la pandemia a largo plazo".
Edstadler precisó que ante la variante Ómicron del SARS-CoV-2, la vacuna obligatoria no responde al principio de "proporcionalidad" entre los beneficios que aporta a la sociedad y las limitaciones a las libertades individuales que exige la Constitución.
Al mismo tiempo, defendió
la ley adoptada, que de momento no se abolirá, sino que
permanece suspendida temporalmente
y es posible ponerla en marcha rápidamente en cualquier momento que se considere necesario.
"Nos permite reaccionar de forma rápida e inmediata ante el virus, porque no sabemos qué más tiene planeado el virus para nosotros", dijo.
La suspensión se decide a pocos días de finalizar el 16 de marzo la fase inicial prevista en la citada ley, un período de transición e información previo a los controles sobre su cumplimiento.
En consecuencia,
de momento no se aplican las multas planeadas para los no vacunados, de 600 euros (685 dólares), hasta cuatro veces por año.
