Continuando este martes con sus alegatos orales- incluyendo la exposición de sus contrademandas-, en el marco del juicio entre Chile y Bolivia por el estatus y los usos de las aguas del Silala, ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), la defensa boliviana acusó "cinismo" en las afirmaciones de Chile, asegurando que el país "ha tenido un uso expedito de todas las aguas del Silala".
El primero en tomar la palabra fue el abogado Rodman Bundy, quien rebatió varias de las conclusiones presentadas por Chile, asegurando, por ejemplo, que Bolivia ha ejercido "la debida diligencia" en la toma de contaminación (...) dado que ninguna de las limitadísimas actividades de Bolivia han dado lugar a un riesgo de daño transfronterizo y mucho menos un daños significativo, se deduce que no hay fundamento de hecho para ninguna de las conclusiones D o E de Chile".
Más adelante, Bundy expresó que "los hechos demuestran que no hay disputa entre las partes sobre la necesidad de tomar medidas adecuadas para prevenir y controlar la contaminación", añadiendo que "los hechos que he analizado no demuestran que tengan puntos de vista diferentes sobre la obligación de controlar la contaminación u otras formas de daño transfronterizo significativo, respecto de las cuales, recuerdo que no ha habido absolutamente ninguna emanación de Bolivia".
Con ello, el jurista recalcó: "En resumen, en ningún momento, incluso desde el surgimiento de la controversia a finales de los 90, Bolivia ha realizado actividades que pudieran tener un efecto adverso significativo para Chile con respecto a las aguas del Silala. Esto no sólo pone de relieve la buena fe de Bolivia, sino que también expone la artificialidad de las demandas de Chile".
"Los hechos demuestran que Chile ha tenido un uso expedito de todas las aguas del Silala que fluyen a través de la frontera durante más de 100 años. En virtud de la concesión esas aguas deberían utilizarse para locomotoras de vapor, sin embargo, el propio Chile reconoce que esas aguas se utilizaron para consumo humano, la extracción de cobro por parte de la empresa minera estatal Codelco y otras actividades industriales, como la industria salitrera. En otras palabras, Chile ha sido libre hasta hoy de utilizar todas las aguas del Silala como quería y Bolivia nunca ha impedido ni causado el más mínimo perjuicio a esas actividades", enfatizó.
Y agregó que "dado este estado de cosas y unido al hecho de no existe absolutamente ninguna base fáctica o jurídica para las afirmaciones de Chile de que Bolivia ha incumplido la obligación contraída con Chile en relación con el Silala, hay un cierto cinismo en las afirmaciones de Chile".
"Cómo puede Chile que ha tenido un uso totalmente libre de las aguas del Silala durante décadas, aguas cuya cantidad y calidad Bolivia nunca ha comprometido en absoluto, cómo puede pues Chile digo, acusar a Bolivia de incumplimientos (...) Por todo ello, Bolivia solicita respetuosamente que se denieguen las conclusiones D y E de Chile", sostuvo.
Luego fue el turno del profesor de Derecho Público Mathías Forteau, quien acusó a "Chile mantiene un concepto muy unilateralista de los derechos relativos a las aguas del Silala, y además guarda silencio en sus conclusiones finales respecto a los derechos de Bolivia. Esto explica que Bolivia haya sentido la necesidad de formular ante la presente instancia no solo varias demandas como respuesta a las relaciones de Chile, sino asimismo tres contrademandas".
Foteau y más adelante Bundy nuevamente, detallaron cada una de las contrademandas formuladas por Bolivia.
Este último defendió que "Bolivia también tiene derecho a una utilización equitativa y razonable de las aguas del Silala, igual que Chile", agregando que "la solicitud de Chile por la que sea crea este caso y sus alegatos da toda la impresión de que Chile ve todo esto como una calle de sentido único; 'Chile tiene derechos, mientras que Bolivia solo tiene obligaciones, eso es insostenible".
Además, consideró que "Bolivia puede decidir que las obras hidráulicas que produjeron ese caudal permanecen o se retiran, esta es una decisión de Bolivia (...) y Chile no tiene ningún derecho adquirido a ese canal artificial, en el supuesto de que Bolivia decida desmantelar las canalizaciones".
