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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 13:23
Daniel Silvera (izq) posa junto a Bolsonaro y el documento de su indulto. | APEn una votación casi unánime, el máximo tribunal sentenció el 20 de abril al legislador Daniel Silveira a casi nueve años de prisión por incitar a que se agreda físicamente a sus ministros, en particular a Alexandre de Moraes, quien preside una pesquisa separada sobre difusión de noticias falsas en la que Silveira ya había sido declarado culpable.
"Que la gente ingrese al Supremo Tribunal, sujete a Alexandre de Moraes del cuello, le zarandee su cabeza intelectual y la arroje a un depósito de basura", manifestó Silveira en un mensaje en redes sociales en febrero de 2021.
Al día siguiente de que Silveira fuera declarado culpable, Bolsonaro emitió un decreto para indultarlo, invocando el derecho a la libre expresión. Tres partidos de oposición impugnaron la medida, asegurando que la Constitución de Brasil no permite otorgar indultos por motivos personales, tales como la protección de un aliado.
Los presidentes brasileños suelen conceder indultos a fin de año con base en estudios de juristas del Ministerio de Justicia. Los indultos han suscitado críticas porque han dado pie a la excarcelación de políticos corruptos junto con otras personas enviadas a prisión por delitos no violentos. Pero prácticamente nunca se había sabido de algún indulto concedido a un aliado presidencial específico al estilo de los que mandatarios estadounidenses han otorgado, por ejemplo el de Gerald Ford a Richard Nixon, el de Bill Clinton a Marc Rich y el de Donald Trump a Steve Bannon.
Y la medida de Bolsonaro fue especialmente provocadora, según Francisco Caputo, experto en derecho constitucional y miembro del consejo nacional del colegio de abogados de Brasil. "La forma en que esta fue escrita, mencionando que él estaba tratando de corregir al Supremo Tribunal, es desafiante. El decreto de Bolsonaro dice que él tenía una mejor comprensión del caso que el máximo tribunal del país", señaló.
Una comisión del colegio de abogados de Brasil dijo el miércoles que el indulto emitido por Bolsonaro es inconstitucional porque no está encaminado al interés público. La comisión señaló asimismo que carecía de imparcialidad y moralidad.
Alexandre de Moraes, ex ministro de Justicia, actual miembro del Supremo Tribunal Federal. | ReutersDesde hace tiempo el presidente derechista ha acusado a los ministros del máximo tribunal –la mayoría de los cuales fueron confirmados durante gobiernos izquierdistas previos– de procurar indebidamente frenar sus políticas, y él ha intentado azuzar a la opinión pública contra ellos.
En septiembre, Bolsonaro convocó a protestas a nivel nacional en las que manifestantes que gritaban "¡invadamos!" superaron a empellones barreras policiales en el Supremo Tribunal, lo que obligó a los jueces a reforzar su seguridad personal.
Bolsonaro tiene especial resentimiento hacia De Moraes, que este año asumirá la presidencia del máximo tribunal electoral del país y supervisará los próximos comicios presidenciales. En septiembre pasado, Bolsonaro amenazó con ignorar los fallos del poder judicial, aunque nunca hizo tal cosa.
Cuatro de los ministros, que hicieron declaraciones a The Associated Press a condición de guardar el anonimato para evitar agudizar más las tensiones, se dijeron preocupados de que Bolsonaro pudiera incitar a más protestas violentas contra el poder judicial si le anulan su indulto a Silveira.
La anulación podría ser una posibilidad en un sistema brasileño cuyas cortes parecen más dispuestas a intervenir en decisiones de indultos en comparación con los jueces de Estados Unidos.
Hasta ahora, los ministros no han impugnado públicamente la legalidad del indulto concedido por Bolsonaro, aunque al menos dos han escrito que la corte revisará esa decisión, aunque no se ha fijado una fecha. Una ministra, Rosa Weber, falló el lunes que el gobierno de Bolsonaro tiene 10 días para proporcionar una justificación del indulto.
El otro ministro, De Moraes, escribió en un documento enviado el martes al equipo de la defensa de Silveira que el indulto, aunque le cancela su encarcelamiento, no le permitirá aspirar a otro período legislativo.
Y azuzando aún más las tensiones entre el poder ejecutivo y el sistema judicial, el ministro Luis Roberto Barroso dijo en un discurso el 24 de abril que a las fuerzas armadas "se les ha ordenado atacar el proceso (electoral) e intentar desacreditarlo". Se refería a jerarcas militares que habían reiterado públicamente las dudas de Bolsonaro sobre la confiabilidad del sistema electoral de Brasil.
El Presidente brasileño Jair Bolsonaro busca este año la reelección. | AFPEl Ministerio de Defensa de Brasil emitió un comunicado en el que señaló que las declaraciones de Barroso fueron "irresponsables y constituyen una ofensa grave".
El asunto sobre el papel de los militares pende sobre el conflicto en parte debido a que Bolsonaro ha elogiado a menudo el golpe de Estado de 1964 que puso a Brasil bajo control militar hasta 1985. La base de simpatizantes del mandatario le pide con frecuencia que utilice una cláusula constitucional que permite a los presidentes desplegar a las fuerzas armadas para que hagan respetar "la ley y el orden público" junto con la policía y otras agencias.
Algunos han sugerido que se debería usar tropas contra el máximo tribunal de alguna manera, aunque la gran mayoría de los expertos aseguran que ello sería inconstitucional.
Al acercarse las elecciones previstas para octubre, Bolsonaro ha censurado con frecuencia la confiabilidad de las máquinas de voto electrónico, y ha dicho que la contienda estará amañada a menos de que se entreguen recibos impresos a los electores, aunque expertos dicen que no hay evidencia que avale hacer lo anterior. La autoridad electoral de Brasil supervisa el sistema electrónico, y entre sus miembros hay algunos integrantes del Supremo Tribunal Federal.
Dos ministros del gabinete de Bolsonaro y un aliado cercano dijeron a la AP que el presidente ha estado examinando en privado la posibilidad de invocar la cláusula constitucional para desplegar a las fuerzas armadas debido a las acciones del Supremo Tribunal que han impedido o socavado las decisiones del mandatario, aunque se desconoce con certeza cuál sería el propósito. Dos de ellos dijeron que han enviado la información a los ministros del Supremo Tribunal. Todos solicitaron el anonimato porque no estaban autorizados a hacer declaraciones sobre el asunto.
